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Sueños Compartidos: piden procesar a De Vido y Tomada

logotipo de Clarín Clarín hace 4 días
© Proporcionado por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió revocar la falta de mérito de los ex ministros de Planificación Julio De Vido y de Trabajo Carlos Tomada, entre otros, y procesarlos por su responsabilidad en el desvío de 206 millones de pesos destinados al plan de viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo. En una apelación a la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, la UIF -que dirige Mariano Federici- solicitó que, en cambio, De Vido y Tomada, sean procesados por fraude al Estado el primero y por no controlar el pago de las retenciones previsionales, el segundo. Sucede que la fundación de las Madres tiene una deuda de 230 millones de pesos con la ANSES por las jubilaciones de los trabajadores del ex plan de viviendas Sueños Compartidos.

Fuentes judiciales revelaron a Clarín que en su escrito, la UIF sostuvo que “existen más que elementos suficientes para procesar a De Vido” y que “es inexplicable” que se haya procesado a los ex secretario y subsecretario de Obras Públicas, José López y Abel Fatala, respectivamente, y no a su jefe directo. “No había autonomía funcional de López y Fatala”, subrayó la UIF en su apelación ante la sala I de la Cámara Federal porteña.

Desde ese punto de vista, “De Vido fue el gran artífice de esta organización criminal” de la entrega de fondos públicas para la construcción de casas en municipios y provincias sin licitación pública y por adjudicación directa a las Madres de Plaza de Mayo, que a su vez, las subcontrataban con Meldorek, la empresa constructora de Sergio Schoklender. Luego parte de los cheques oficiales fueron cambiados en “cuevas” financieras por efectivo para perder el rastro de los fondos oficiales.

Además, durante los años en que duró el plan Sueños Compartidos, “ni De Vido ni sus subordinados controlaron las obras y menos las pararon” antes las irregularidades.

Como fundamento, la UIF recordó que en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, el juez federal Julián Ercolini, había procesado a De Vido con el criterio de su responsabilidad funcional en la maniobra.

Un capítulo aparte son la falta de pago de los aportes previsionales de los trabajadores por un monto de 230 millones de pesos, al margen de los 206 millones desviados. Para la UIF el juez Martínez De Giorgi tiene que, también, procesar por este delito a Tomada, Schoklender y a la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini. Para una segunda etapa, la UIF estudia si apelar las faltas de mérito de gobernadores e intendentes que aceptaron las obras en estas condiciones. Pero sobre todo, tiene en la mira al ex gobernador del Chaco y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, señalaron las fuentes.

Según había anticipado Clarín, el organismo antilavado, que es querellante en esa causa, entregó una serie de informes sobre el circuito de plata negra escondido detrás del plan “Sueños Compartidos” y que sirvió para aumentar el patrimonio de los Schoklender y otros de las involucrados.

Sergio Schoklender salió de la cárcel sin un peso -donde cumplió su condena por parricidio- y luego de que Hebe de Bonafini lo nombrara apoderado de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo creó una red de empresas que manejaba su contador, Abraham Gotkin, otro de los procesados. La red estaba formadas por las empresas Antártica Argentina, Meldorek, Partner Human, Resources, Eagle Security & Investigation, Exportadora Kano, Setek, Armoring Systems, Iturnety Sky Performance. A su vez, Greppi -investigado en otra causa por el allanamiento que el juez federal Norberto Oyarbide frenó a su financiera Propyme- manejaba las empresas Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A. y Agropecuaria Monte León S.A que cobraron parte de los cheques y están eximidas del pago del impuesto al cheque.

De todos modos, la nave insignia de Shoklender era Meldorek -que se había quedado con parte de las obras que manejaban las Madres- y tenía relaciones con las offshore uruguayas Tivenwest S.A. y Bilcasur S.A.

En su resolución, Martínez de Giorgi señaló sobre los manejos financieros irregulares: - "Del análisis del giro de los fondos asignados, se observó que la suma de 206.438.454,04 pesos no se encontraba asociada a gastos relacionados con la construcción de viviendas, sino que, por lo contrario, había tenido como destino: a) empresas agropecuarias, b) personas físicas y jurídicas vinculadas a estas actuaciones, c) pagos frecuentes a personas físicas, d) empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, y e) pagos a funcionarios públicos".

- "El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente connumerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique".

- "Esa comprobación ha sido solamente parcial debido a que en los casos en los cuales las operaciones de colocación de ese dinero se realizó a través de empresas bursátiles y financieras, la misma mecánica de la maniobra ha permitido, en muchos casos,borrar su rastro, invisibilizando de ese modo su concreto destino".

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