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Aerolíneas: el detrás de escena de la sanción

logotipo de LA NACION LA NACION 06/08/2017

Las cifras son relativas, tanto que sólo toman entidad si se las compara con otra. Es por eso que 320 millones de dólares pueden parecer muchísimo, casi inimaginable o muy poco.

Hace dos semanas, el tribunal arbitral del Banco Mundial fijó su postura respecto del reclamo que desde 2009 mantenía el Grupo Marsans (en realidad, el fondo que se hizo cargo del litigio) al Estado, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, Austral, Jet Pak, Optar y Aero Handling.

El laudo dice que el Tesoro deberá indemnizar a los españoles con un monto de US$ 320 millones, equivalentes a alrededor de $ 5760 millones. La decisión supondrá seguramente largos momentos de estudio de cada una de las 613 páginas que tiene el laudo.

Aquel monto, casi una indemnización por la torpeza, serviría para construir tres Metrobus como el de La Matanza, recientemente inaugurado por el presidente Mauricio Macri. Los 16 kilómetros de traza tuvieron un costo de $ 1700 millones. La comparación con esa emblemática obra bonaerense hace sentir a aquellos US$ 320 millones como una fortuna. Pero si se la compara con los alrededor de US$ 6000 millones que consumió Aerolíneas Argentinas desde 2008, la cuenta toma otra dimensión.

En la Procuración del Tesoro, que conduce Bernardo Saravia Frías, reconocen que aún no decidieron cuál será el camino a seguir. No tienen tantos. El primero, es abrir una negociación con los dueños del pleito. Pero aquí el primer problema: Marsans no vendió los derechos del juicio sino que un fondo, Burford, a cambio de una comisión, solventó el proceso. Entonces, a la hora de negociar, deberían sentarse a negociar con Marsans. Pero la compañía española, que en realidad está integrada por tres sociedades, está en proceso de quiebra, y por lo tanto, los acreedores de estos juicios tienen derecho a voz y voto.

Pero pagar no es la única posibilidad. La Procuración podría apelar la decisión o, en su caso, pedir la nulidad. Si apela, no se abrirá un tribunal de alzada ya que el procedimiento del Ciadi no lo prevé. Lo que sucederá es que los mismos árbitros revisarán el laudo y, según la propia jurisprudencia, suelen haber modificaciones en los montos pero no en el fondo, salvo que aparezcan hechos nuevos. No parece ser el caso.

La tercera opción, que es la que se estudia por estos días, es pedir la nulidad del proceso. El problema de ir por este camino es que la Argentina abusó del recurso en los años anteriores y lo usó como una forma de dilatar las negociaciones y los pagos. "A diferencia de otros casos en los que se pidió absurdamente y sin mayores fundamentos, hay un fallo en disidencia que tiene algunos argumentos que nos pueden ayudar. Pero hay tiempo aún", dijo una fuente de la Procuración.

Como todo lo que sucede en cada una de las noticias sobre la aerolínea de bandera, el laudo del Ciadi encendió pasiones. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas, el país fue condenado a pagar 320 millones de dólares más intereses", señaló Macri en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Seguramente, pocos leyeron las 613 páginas. No se trata esto de un llamado a semejante epopeya. A continuación, apenas un resumen para ayudar a entender.

Las rutas

Pág. 190. "Las partes disienten en cuanto a la cuestión de si se les exigía a las aerolíneas cubrir rutas específicas, menos rentables. Las demandantes afirman, por ejemplo, que mientras que su competidor interno, LAN Argentina, «podía seleccionar las rutas más densas y rentables para cubrirlas», las aerolíneas que nos ocupan, ARSA [Aerolíneas] y AUSA [Austral] «efectivamente debían cubrir las rutas menos deseables que LAN podía eludir». El Sr. Ricover, perito de las demandantes, declaró que, aunque «no hay fuente jurídica al respecto» para esta obligación impuesta a las aerolíneas, «no todo en la Argentina está escrito. Algunos compromisos y algunas responsabilidades son de carácter político y le puedo decir con toda certeza que, aunque no hubiese habido ningún tipo de requisito específico escritos esto no significa que los requisitos no existieran»".

Pág. 191 "El análisis del Tribunal del marco regulatorio para el transporte aerocomercial en Argentina indica que no existió un requisito formal de que las Aerolíneas cubrieran rutas específicas. Las pruebas indicaron que ARSA era considerada la aerolínea de bandera nacional en el momento de la privatización y que, como parte del proceso de privatización, se le otorgó al Estado, en carácter de accionista, un derecho de veto sobre la eliminación o reducción sustancial de los servicios de transporte operados por la compañía en el momento de la licitación pública".

Pág. 204 "No existió evidencia alguna de que la Secretaría de Transporte determinara anualmente o de manera regular la TER [Tarifa Económicamente Rentable] para cada ruta o sector de ruta de cabotaje. No existió evidencia alguna respecto de que se realizaran estas revisiones con anterioridad al año 2001 aunque las aerolíneas realizaron pedidos reiterados de subas en las tarifas aéreas y otras formas de beneficio, no existió evidencia alguna de que las aerolíneas, Interinvest o las demandantes presentaran una solicitud de otorgamiento de complementación económica o compensación".

Bandas tarifarias

Pag. 208. "El perito de las demandantes, Compass Lexecon, afirma que los incrementos tarifarios fueron «arbitrarios a la luz del marco regulatorio, ya que ninguno de estos aumentos se basó en una estimación de la TER». La demandada afirma que el Gobierno fue sumamente receptivo de los problemas dentro del sector aeronáutico entre 2001 y 2008, otorgando cuatro incrementos tarifarios, que elevaron las tarifas de referencia en 67% y las tarifas máximas en 135%. Dice que otorgó otros beneficios como exenciones a la obligación de contratar seguros en el país y un subsidio al combustible".

Pág. 206. "Las demandantes solicitan además que el Tribunal determine que en la reunión de directorio de fecha 29 de mayo de 2008, el Gobierno de Argentina reconoció expresamente que las tarifas de cabotaje eran antieconómicamente bajas, dando lugar a pérdidas sufridas por las aerolíneas, en el orden de los 390-450 millones de dólares".

Pág. 215. "Las demandantes alegan que desde el incremento tarifario de 2002, sólo los costos de combustible habían aumentado 97%, y los sueldos, 57%, sin contar otros costos. No obstante, sólo otorgó un incremento mucho más modesto del 20% en los topes máximos de las tarifas aéreas".

Pág. 218 "Las demandantes observan que tras la expropiación se incrementaron las tarifas aéreas al menos ocho veces".

Pág. 222. "De acuerdo con los peritos de las demandantes, entre 2001 y abril de 2008, los costos se incrementaron en un 182%, pero las tarifas aéreas máximas aumentaron sólo un 43%, según su medición en ARS [pesos]. Cuando se calcularon en USD [dólares], los costos de las aerolíneas cayeron sólo un 10,9% mientras que las tarifas aéreas disminuyeron un 36,9%. El Tribunal considera que esta evidencia es convincente y no puede admitir la posición de la demandada de que los aumentos de las tarifas aéreas excedieron, y aún menos cubrieron, los costos de las aerolíneas durante el período en cuestión".

Huelgas y sindicatos

Pág. 213. "Según las demandantes, dos sindicatos organizaron una huelga salvaje a fines de noviembre de 2005. La empresa se reunió en diciembre de 2005 con Néstor Kirchner, Ricardo Jaime y Alberto Fernández para solicitar una suba de tarifas. Se prometió un aumento durante el primer trimestre de 2006. Para marzo, no habían aumentado. Hubo otra reunión en mayo de 2006 y se les prometió que se incrementaría. Alegan que la promesa de Kirchner estuvo condicionada a un acuerdo de aumento salarial en el orden de 25% con los sindicatos. Más o menos al mismo tiempo, Jaime indicó que sólo aumentaría las tarifas si el Gobierno aumentaba su participación accionaria y control en ARSA. En junio de 2006, Aerolíneas y el Gobierno firman un acuerdo en el que el Estado aumenta su participación accionaria hasta un 5%. En agosto, suben las tarifas".

Pág. 276. "Marsans dice que existió una campaña de acoso por parte de los sindicatos en 2007 que implicó una huelga cada 15 días, en promedio. Los demandantes aducen que estas huelgas representaron un último ataque contra la propiedad de las aerolíneas. La demandada no niega que las huelgas tuvieron lugar, aunque señala que no se debieron a una conspiración secreta sino a diversos conflictos entre Aerolíneas y los sindicatos".

Pág. 238. "Para el Gobierno, Aerolíneas tuvo un desempeño operativo deficiente, con retrasos y cancelaciones mayores que las de sus competidores. La demandada aduce que cuando el Estado tomó el control de las empresas en julio de 2008, experimentaban un colapso operativo virtual. Aerolíneas afirma que la abrumadora mayoría de las demoras y las cancelaciones se debieron a la presión ejercida por el Gobierno sobre los demandantes por intermedio de los sindicatos, con la complicidad del subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli y el gobierno de Kirchner".

Vaciar/Argentinizar

Pág. 246. "El Tribunal consideró la acusación de «vaciamiento» relacionada con lo que según alega era una práctica de arrendamiento de aeronaves de las flotas de ARSA y AUSA en beneficio de otras compañías del Grupo Marsans. El Estado dice que estos arrendamientos no se realizaban en el interés económico de las Aerolíneas y que las aeronaves arrendadas eran devueltas en mal estado. La revisión del Tribunal de las pruebas no corrobora estas acusaciones. Las explicaciones del grupo español parecen tener lógica comercial y han generado ingresos para las aerolíneas. El Tribunal no puede concluir sobre la base de las limitadas pruebas presentadas que las demandantes participaron de un «vaciamiento» en favor de otras empresas del Grupo Marsans, tal como se alega".

Pág. 267. Según Marsans, "el Gobierno de Kirchner se mostró hostil frente a la gestión de los demandantes a cargo de las Aerolíneas Argentinas y pareció actuar motivado por un deseo de finalmente "reargentinizar" las empresas. El Gobierno buscó (y finalmente logró) alcanzar este objetivo mediante la adopción de una serie de medidas que desestabilizaron el entorno jurídico y de negocios en el que se manejaba la inversión de las Demandantes".

Venta fallida a López Mena

Pág. 299. Las pruebas relacionadas con los motivos por los que López Mena no procedió con la transacción no son concluyentes. En ese momento, las Aerolíneas ya se encontraban en condiciones financieras difíciles y existían pruebas de la incertidumbre en torno a las tarifas aéreas y los subsidios al combustible. Además, la transacción propuesta era compleja y las valuaciones obtenidas por las Demandantes fueron substanciales. Por consiguiente, se podría haber esperado que la negociación de la transacción propuesta llevaría tiempo y existían diversos puntos posibles de disenso e incertidumbre. En consecuencia, el Tribunal no puede arribar a la conclusión de que alguna de las partes fue responsable del fracaso de la transacción propuesta descrita en el acuerdo de mayo de 2008.

Venta al Estado

Página 300. Tras el fracaso del acuerdo con López Mena, Interinvest y el Gobierno iniciaron negociaciones para la compra de Aerolíneas directamente por parte del Estado. El 17 de julio de 2008, Interinvest y Argentina suscribieron el acuerdo de julio de 2008. En virtud de los términos del acuerdo, Interinvest acordó vender la totalidad de sus acciones en las Aerolíneas a un precio que se determinaría conforme a un mecanismo definido. El acuerdo preveía que las partes adoptarían todos los recaudos societarios y legales necesarios para formalizar la operación de compraventa.

Página 314. Para el 14 de octubre de 2008, las valuaciones habían sido elaboradas por ambos el Tribunal de Tasaciones de la Nación y por el Credit Suisse. El 9 de octubre de 2008 y fue presentada al subsecretario Legal Rafael Llorens el 10 de octubre de 2008. La valuación del Credit Suisse para las Aerolíneas se situó en el rango de los US$ 330 millones y los US$ 540 millones. La del TTN concluyó que las Aerolíneas tenían un valor negativo de US$ 832 millones.

Página 323. La revisión de las pruebas por parte del Tribunal indica que las valuaciones del Credit Suisse y del TTN eran muy distintas y había un punto muerto entre las partes para alcanzar un consenso sobre el precio que debía pagarse por las acciones de ARSA y AUSA. Era apropiada y necesaria la designación de un tercer perito valuador para determinar el precio de las acciones.

Página 329. Luego de haber revisado la totalidad de las pruebas pertinentes y los argumentos de las partes, el Tribunal ha concluido que, al proceder como lo hizo, el Estado no cumplió con el Acuerdo de julio de 2008 y los compromisos asumidos por ella en dicho acuerdo.

Expropiar

Pagina 385. El Tribunal considera que la Demandada ha demostrado adecuadamente que su expropiación de las acciones de Aerolíneas se produjo por causas de utilidad pública. La decisión de la demandada de expropiar las acciones fueron medidas adoptadas en el interés público de buena fe para preservar la conectividad.

Página 395. El Tribunal entiende que la expropiación de las acciones de la Demandada no se realizó conforme a las disposiciones legales.

Página 405. Las partes habían acordado el método para determinar el valor justo de mercado de la inversión que se expropiaba. Al negarse a completar dicha valuación y, en su lugar, proceder a una expropiación formal en base a una metodología de valuación diferente, la demandada no proporcionó una indemnización adecuada por la toma de la inversión. En conclusión, el Tribunal resuelve que la expropiación de las Aerolíneas fue ilícita, en la medida en que dicha toma no se realizó con arreglo a la ley y que el Estado no pagó una indemnización apropiada.

Precios/Intereses

Página 435. Marsans ha demostrado que el valor justo de mercado de las aerolíneas en 2008 fue de al menos US$ 330 millones (cero para para ARSA y US$ 330 millones para AUSA) y que sufrieron daños y perjuicios por al menos US$ 320,76, lo que corresponde a su participación del 97,2% en la compañía.

Página 438. El Tribunal otorga intereses a la tasa a seis meses de los Bonos del Tesoro de EE.UU. capitalizados semestralmente sobre la suma de capital adjudicada al 30 de diciembre de 2008 hasta la fecha de su pago íntegro.

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