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Analistas creen que canje argentino no prosperará

logotipo de Associated PressAssociated Press 18/06/2014 Por ALMUDENA CALATRAVAAssociated Press

BUENOS AIRES (AP) — Es improbable que prospere el plan del gobierno argentino de canjear su deuda reestructurada bajo la ley local para evitar eventuales embargos de acreedores litigantes en Estados Unidos, dijeron el miércoles analistas.

El economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, afirmó a The Associated Press que realizar un canje de bonos con jurisdicción neoyorquina por otros con jurisdicción argentina requeriría, para ser exitoso, de un 85% de aceptación, lo que "es muy difícil" que aprueben los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010 de títulos en cese de pagos.

"Hay muchos fondos de inversión que por cuestiones de sus propios estatutos no pueden cambiar la legislación (bajo la que están los bonos), y tiene que estar según la ley extranjera. Aún si quisieran, muchos bonistas confían más en la legislación de otros países ante cualquier problema que en la de Argentina, que para ellos es como entrar en zona de riesgo", sostuvo Carugati.

El economista explicó que de lograrse un 85% de adhesión, el restante 15% está obligado a sumarse y no puede reclamar por vía judicial.

El gobierno anunció la víspera su intención de abrir otro canje bajo legislación local y hacerlo pagadero en Argentina tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos que obliga al país a pagar en el corto plazo y en efectivo unos 1.500 millones de dólares a fondos de inversión de alto riesgo que poseen bonos argentinos en default desde 2001.

El alto tribunal también estableció que los acreedores podían usar las cortes estadounidenses para forzar a Argentina a revelar dónde tiene bienes en el mundo para después embargarlos como garantía de pago.

La estrategia anunciada por el Ejecutivo apunta a evitar que sean embargados unos 907 millones de dólares que Argentina debe pagar el 30 de junio a los bonistas que accedieron a una fuerte quita de capital en los canjes de 2005 y 2010.

Los abogados del gobierno se presentarán a las 1800 GMT ante el juez de Nueva York Thomas Griesa, que había ordenado pagar a los bonistas litigantes. De esa forma, Argentina intentaría negociar una salida a una situación que podría llevarla al default tal como sostuvo el ministro de Economía Axel Kicillof.

Kicillof advirtió el martes que si Argentina se viera obligada a pagar a los "fondos buitres" tal como lo establece el fallo de Griesa, "el país se vería empujado a un default".

Explicó que ese pago habilitaría a los bonistas que aceptaron los títulos reestructurados -un 92% del total- y a otros que no lo hicieron pero tampoco demandaron al país, a reclamar el mismo trato, con lo cual Argentina tendría que enfrentar al corto plazo una erogación equivalente a más de la mitad de sus reservas internacionales, que rondan los 29.000 millones de dólares.

Analistas coincidieron en que si no se consigue una adhesión mayoritaria al canje y éste termina por ser compulsivo, el país incurriría en una suerte "default selectivo" que tendría consecuencias negativas en la economía. Entre ellas, que "se caiga el financiamiento que reciben las provincias argentinas con problemas fiscales, lo que provocaría que se paren obras públicas y haya menos trabajo", dijo a AP Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

También se devaluaría el peso, lo que aumentaría la inflación, que en los primeros cinco meses del año alcanzó 13,5%.

Un cese de pagos significaría además que "todos los esfuerzos del gobierno para restablecer lazos con los inversores extranjeros y para atraer inversiones para Argentina morirán", sostuvo en tanto Daniel Kerner, de Eurasia Group, con sede en Washington.

La opción de cambiar la jurisdicción de los títulos se complica aún más debido a que el juez Griesa ya había desechado esta alternativa en 2013 en plena batalla judicial de Argentina con sus acreedores. El nuevo canje podría provocar que el magistrado levante el "stay" o medida cautelar que impide que los pagos a los acreedores reestructurados sean embargados, así como bienes del país en el exterior.

"Estos anuncios del gobierno, más que una opción real, son una especie de amenaza para mejorar su poder de negociación... Griesa ya dijo que no está de acuerdo con este cambio de los pagos y advirtió que si instituciones estadounidenses colaboran entrarían en desacato", señaló Carugati.

Kerner sostuvo en tanto que la estrategia del gobierno sería "ganar influencia en las negociaciones" y "ayudar a que algún tipo de solución acordada entre los acreedores gane impulso".

El analista también opinó que el Ejecutivo estaría "dispuesto" a incurrir en un default "y tiene límites de hasta cuánto puede conceder".

Isabel Herrera, una portera de un edificio de Buenos Aires de 35 años, dijo a AP que antes de pagar a los acreedores "el gobierno tiene que priorizar a la gente, a los pobres jubilados, a los maestros, a los médicos que no llegan a fin de mes para vivir... ¿Qué puede pasar? Peor de lo que estamos no se puede".

El índice Merval de las empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 2,29% a las 1745 GMT. En tanto el dólar oficial se mantenía en 8,15 pesos y el paralelo o informal subía a 12,30 pesos, 10 centavos más respecto del martes.

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La periodista de The Associated Press en Buenos Aires, Débora Rey, colaboró en esta nota.

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