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Cámara de Diputados argentina limita beneficio a represor

logotipo de Associated PressAssociated Press 10/05/2017 Por ALMUDENA CALATRAVA, Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados argentina aprobó en forma casi unánime un proyecto de ley que limita los alcances de un beneficio que la Corte Suprema aplicó recientemente a un condenado por crímenes de lesa humanidad y que generó un masivo rechazo de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos.

En una decisión sin precedentes en la historia parlamentaria reciente, 211 diputados del oficialismo y la oposición se unieron para aprobar y girar al Senado el proyecto que especifica que la llamada “ley del dos por uno”, que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme, “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra".

El único que votó en contra fue el legislador Alfredo Olmedo, de un partido regional de la norteña provincia de Salta y de ideología conservadora.

El Senado se apresta a convertir en ley el proyecto este mismo miércoles cuando organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos se congregarán en una manifestación que promete ser masiva contra la reciente decisión del máximo tribunal de reducir la pena de 13 años de prisión al civil Luis Muiña, condenado por el secuestro y tortura de disidentes durante el régimen militar de 1976 a 1983.

El presidente argentino Mauricio Macri criticó el fallo que benefició a Muiña y manifestó su satisfacción por la "celeridad del Congreso en resolver el vacío legal que había dejado esta desafortunada ley" durante un acto celebrado en la provincia de Mendoza.

Macri dijo estar “en contra" de beneficios "para delitos de lesa humanidad" en respuesta a las críticas de organismos de derechos humanos y fuerzas de izquierda que afirman que dos de los tres jueces que votaron el fallo responden a las “políticas de impunidad” del gobierno. Los otros dos magistrados del alto tribunal se pronunciaron en contra de beneficiar a Muiña.

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a The Associated Press que la iniciativa “manda un mensaje a la Corte y la justicia en general y traduce el sentimiento de la sociedad; hay un consenso amplio e inquebrantable que no está dispuesto a aceptar retrocesos por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado”.

Asimismo consideró que aunque la Corte Suprema tendría “la última palabra sobre la constitucionalidad” de la ley que muy previsiblemente será aprobada le sería “difícil apartarse del criterio” adoptado por el Parlamento.

Chillier sostuvo que el fallo del máximo tribunal “incumple con obligaciones internacionales del Estado de sancionar de forma proporcional a los crímenes”.

La cámara alta fue además escenario el miércoles de un acto de políticos y organismos de derechos humanos en el que se reivindicó la permanencia de las penas aplicadas a los represores. Durante la dictadura militar fueron asesinados o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.

En un fallo dividido el máximo tribunal determinó que Muiña podía ser beneficiado de forma retroactiva con la “ley del dos por uno” al entender que ésta permaneció vigente en un tiempo intermedio entre 1976, en que el condenado cometió los delitos, y 2013, cuando recibió una sentencia firme después de estar desde 2007 en prisión preventiva.

La cuestionada ley rigió entre 1994 y 2001 pero en su decisión respecto de Muiña el alto tribunal se basó en un artículo del código penal que establece que se debe aplicar la ley penal más benigna y argumentó que, según dicho artículo, el beneficio resulta extensivo a todos los delitos sin distinción.

Al respecto, el proyecto puntualiza que la “ley del dos por uno” será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado haya estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de la norma.

Muiña fue condenado por participar en 1976 un operativo militar en un hospital en el que fueron secuestrados cinco empleados que luego sufrieron torturas.

El fallo de la Corte generó también un cisma en el Poder Judicial. Un tribunal de la provincia de San Juan rechazó la víspera la solicitud de un exmilitar condenado de ser beneficiado con la “ley del dos por uno” al entender que la aplicación de la norma era "inconstitucional".

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