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CIDH pide sacar de prisión a activista argentina

logotipo de Associated PressAssociated Press 28/07/2017 Por DÉBORA REY, Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó el viernes al gobierno argentino que la activista social Milagro Sala abandone la prisión en la que se encuentra detenida desde hace más de un año por los supuestos delitos de asociación ilícita, fraude y amenazas y continúe el proceso judicial bajo arresto domiciliario o fiscalización electrónica.

“La Comisión concluyó que la señora Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, indicó la CIDH en un comunicado. Agregó que los factores de riesgo “incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra”.

Sala, de 53 años y líder del movimiento social Túpac Amaru, fue arrestada el 16 de enero de 2016 por incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en su natal provincia de Jujuy, unos 1.650 kilómetros al norte de Buenos Aires. La activista, elegida diputada del Parlamento del Mercosur a fines de 2015, sumó luego nuevos cargos en su contra a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación.

En lo formal, la CIDH concedió una medida cautelar a favor de Sala tras la visita que su presidente Francisco Eguiguren, junto a otros representantes del organismo, realizaron a Sala en la unidad de mujeres de la prisión “Alto Comedero” a mediados de junio.

El caso Sala se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno argentino ante foros regionales y ha sido motivo de fuertes cruces entre el oficialismo y un sector de la oposición liderada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a cuyo espacio adhería la activista y por el cual fue elegida diputada del Parlasur a fines de 2015.

En la resolución, la CIDH solicitó a las autoridades argentinas que adopten “medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.

La justicia jujeña había rechazado numerosos pedidos por la libertad de Sala señalando que podría poner en riesgo la investigación en su contra por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y amenazas tras una denuncia del gobierno provincial por el manejo irregular de los fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales a cargo de Túpac Amaru.

No obstante, su detención preventiva había sido cuestionada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria; el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, bajo el argumento de que esta figura penal debe aplicarse en casos muy excepcionales y debidamente justificados.

El gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, manifestó en un comunicado que trasladará sus recomendaciones a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy “para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales” y reafirmó “su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales”.

La CIDH le otorgó un plazo de 15 días al gobierno para adoptar las medidas requeridas. Argentina adhiere en su constitución a los pactos internacionales.

Entre 2002 y 2014 Jujuy recibió 3.400 millones de pesos (unos 188 millones de dólares) del gobierno kirchnerista para la construcción de viviendas de los cuales la mitad fue destinado a Tupac Amaru, según la Oficina Anticorrupción provincial. Una auditoria de ese organismo detectó que al menos 1.700 viviendas de las presupuestadas no existen y otras 500 están en distinto estado de avance, lo cual implicaría un fraude de unos 700 millones de pesos (38 millones de dólares).

Sala, de origen indígena, ha negado los cargos y se considera una perseguida política.

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El corresponsal en Buenos Aires Luis Andrés Henao contribuyó con este reporte.

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