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Colombia: general condenado insiste en inocencia

logotipo de Associated PressAssociated Press 11/06/2014 Associated Press

BOGOTA, Colombia (AP) — Un general retirado del ejército colombiano condenado a 37 años de prisión por una masacre perpetrada por paramilitares 17 años atrás dijo el miércoles que agotará todos los recursos legales que aún le quedan en el país y, eventualmente, acudirá a los organismos internacionales.

"Estamos en la lucha hasta quemar el último cartucho", aseguró el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó el martes la condena por las aparentes omisiones en que habría incurrido en la masacre de julio de 1997 en el remoto poblado de Mapiripán, en el departamento de Meta y a unos 300 kilómetros al sureste de Bogotá.

La Fiscalía General dijo en principio que las víctimas de Mapiripán eran 49, pero en octubre de 2011 aclaró que los muertos sólo habían sido 10 y que había habido personas que se hicieron pasar por víctimas para recibir las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana en 2005.

Uscátegui, de 65 años, dijo a The Associated Press que pedirá revisión a la Corte Suprema "para que se estudien las pruebas sobrevinientes que han aparecido desde 2006 hacia acá... entre ellas la certificación del presidente de la República (Juan Manuel Santos), cuando era ministro de Defensa en 2006, que manifestó que el mando operacional sobre ese batallón (al que se implica en el homicidio colectivo) no era mío".

Precisó que tras agotar esos recursos de ley en Colombia, y si su condena sigue firme, acudirá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El militar retirado lleva unos 14 años en prisión en una guarnición militar del norte de Bogotá. "Yo sinceramente esperaba la absolución, pero ante esta decisión tan injusta me toca invocar a todos los recursos a que tengo derecho".

La Corte Suprema dijo el martes que la sentencia confirmó la responsabilidad de Uscátegui "porque incumplió el deber de protección a la población civil".

La Fiscalía formuló cargos a tres personas que se hicieron pasar por víctimas tras probar que mintieron y que recibieron cuantiosas indemnizaciones: Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Algemiro Arévalo Romero.

Contreras sostuvo ante las autoridades que su esposo y dos de sus hijos habían desaparecido tras la incursión paramilitar. Pero en noviembre de 2011 dijo ante la justicia que su esposo no había sido asesinado en los hechos de julio de 1997, que su otro hijo sí había sido víctima de los paramilitares pero no en Mapiripán y que su tercer hijo, en realidad, se había unido tiempo atrás a la guerrilla. Zully Herrera es hija de Contreras.

La familia Contreras, por orden de la Corte Interamericana, recibió como indemnización 500.000 dólares.

Por su parte, Arévalo confesó que su padre Manuel Arévalo falleció de muerte natural en marzo de 1999. El fallo de la Corte Interamericana había ordenado pagarle a sus familiares 80.000 dólares como reparación.

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