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El delito del que se acusa a Boudou prevé penas de hasta seis años e inhabilitación

logotipo de Infobae Infobae 30/05/2014 Infobae
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Finalmente, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue citado por el juez Ariel Lijo para prestar declaración indagatoria en la causa de la ex Ciccone, por la que está imputado por los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" -por favorecer un salvataje financiero a la imprenta de billetes-, y "enriquecimiento ilícito".

El escándalo estalló en febrero de 2012, cuando una mujer, Laura Muñoz, acusó a su marido Alejandro Vanderbroele de ser el "testaferro" de Boudou y de mantener negocios espurios relacionados con la impresión de papel moneda.

Ahora bien, para entender la denuncia contra el funcionario es preciso remontarse al año 2009, cuando la imprenta privada Ciccone Calcográfica entra en crisis. La empresa era la única que podía fabricar billetes y documentos de seguridad. Venía mal los últimos años, pero la decisión del Ministerio del Interior de quitarle el contrato de elaboración de pasaportes y de DNI sellaron su destino.

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó a la Justicia la quiebra de la imprenta, a la cual le reclamaba una deuda de $239 millones. En un fallo, el Juzgado en lo Comercial Nº 8 terminó decretándola. No obstante, pocos meses después, el organismo tributario avaló un levantamiento de la quiebra en favor de la firma The Old Fund, que presidía Alejandro Vandenbroele. Ello fue luego de que la empresa London Supply, una contratista del Estado, se presentara ante los tribunales y depositara 1,8 millones de pesos.

En septiembre de ese año quedó sin efecto la quiebra de la antigua Ciccone y la imprenta pasó a manos de The Old Fund. En estas circunstancias fue cuando Amado Boudou habría jugado un rol clave. El entonces ministro de Economía envió una nota a la AFIP solicitando que se otorgue a la imprenta una moratoria especial.

Casi en simultáneo, la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno exigió a la empresa Boldt abandonar la planta fabril de Don Torcuato que había alquilado durante el desarrollo del expediente de quiebra. En 2011, The Old Fund toma el control y en julio es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana.

El nudo delictivo está en los vínculos de cada uno de los protagonistas de la operación. El titular de The Old Fund, Vandenbroele, era un empleado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Cabe recordar que, cuando llegó la gente cercana al vice en Ciccone, la fábrica de billetes tenía una relación casi monopólica con la Casa de Moneda, entidad que regula el papel moneda y depende del Ministerio de Economía.

Por orden de Economía, la Casa de Moneda contrató en 2012 a la Compañía de Valores Sudamericana para fabricar billetes de 100 pesos. El negocio le iba a significar a la imprenta unos 50 millones de dólares. Tras el estallido del escándalo, la compañía terminó siendo estatizada por el gobierno nacional.

Según la recolección de las pruebas y el relato de los testigos, el fiscal que investiga la causa, Jorge di Lello, cree que Boudou se interesó en una empresa que iba a ser manejada por su entorno, y que dependía de un área del Estado a su cargo.

Desde el inicio de la causa, el vice niega todo vínculo con Vandenbroele y el paquete accionario de The Old Fund. Sin embargo, está acreditado en la causa que el empresario vivió en uno de sus departamentos de Puerto Madero, pagó el servicio de televisión por cable y solicitó servicio de deliveryde comidas.

Di Lello imputó en la causa por el mismo delito que Boudou al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. La lista de acusados se completa con Nicolás Ciccone, el fundador de la imprenta, dos de sus yernos; José María Núñez Carmona, socio de Boudou; Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, entre otros.

Penas

La ley penal establece que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".

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