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El Gobierno mira a Córdoba para analizar cómo logró frenar los juicios laborales

logotipo de LA NACION LA NACION 16/08/2017

CÓRDOBA.- La Casa Rosada convocó al fiscal de la justicia provincial Enrique Gavier para interiorizarse de las investigaciones que lleva adelante desde 2009 sobre la "industria del juicio" y a cuya tarea, en buena medida, se adjudica la caída del 55% en las demandas -desde entonces hasta hoy- mientras que en el resto del país en ese período crecieron 210%.

Gavier confirmó a la nacion que se reunió con el presidente Mauricio Macri, a quien le describió la tarea que lleva adelante, los modus operandi detectados y las elevaciones a juicio que ya solicitó.

Este año, el Presidente criticó duramente la "mafia de los juicios laborales" e instaló el tema en la agenda; se trata de un reclamo de los empresarios desde hace años. En el Gobierno aseguran que se inician más de 100.000 juicios por año, con un costo promedio por juicio de 16.500 dólares. En mayo pasado Córdoba adhirió a la nueva ley de riesgos del trabajo sancionada por el Congreso; es el único distrito que se sumó hasta ahora.

La investigación de Gavier comenzó en 2009 por una denuncia del entonces titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, Juan González Gaviola, y de abogados laboralistas. El funcionario se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia porque Córdoba concentraba el 20% de las demandas laborales del país.

"Comenzamos a investigar los peritajes laborales y derivamos en una serie de conclusiones que ya conoce el Superior Tribunal y que hasta promovieron un monitoreo sobre los peritajes de la Justicia. Por la investigación del delito y los mayores controles cayeron las demandas cuando en el resto del país subieron", explicó Gavier.

El primer abordaje de la investigación (ya hay tres causas elevadas a juicio) implicó el análisis de unos 5500 procesos judiciales, de lo que se desprendió que 4500 presentados entre 2008 y 2009 eran seguidos de acuerdos de partes con una prueba que se limitaba a dos certificados médicos siempre firmados por los mismos profesionales y con enfermedades recurrentes que implicaban una discapacidad de alrededor del 10%.

En la instrucción de las causas se mostró que ocho de cada 10 enfermedades profesionales demandadas no existían y que el 15% eran propias de la edad del demandante. La fiscalía describe, por ejemplo, que abogados del gremio de la salud, Atsa, buscaban clientes entre empleados de hospitales y empresas sanitarias, recibían certificados médicos con enfermedades inexistentes e iniciaban demanda.

Después, les proponían a las ART cobrar menos de lo demandado a cambio de no continuar el juicio. En ese marco, los médicos otorgaban un segundo certificado con un porcentaje de discapacidad inferior para fundamentar el acuerdo. Los abogados cobraban sus honorarios y alrededor de otro 20% por el acuerdo; los médicos se llevaban alrededor del 8% de la indemnización.

"Con el correr del tiempo habían perfeccionado el modus operandi -señala Gavier-; incluso seguimos recibiendo muchas denuncias de pymes que estamos investigando. El trabajo no está cerrado, hay unas 15 nuevas líneas que estamos siguiendo con unas 100 personas bajo sospecha."

La modalidad del delito fue perfeccionándose: reclutamiento de trabajadores, certificados médicos falsos como llave de la demanda, estudios fraudulentos para validar la inexistente enfermedad, peritajes consecuentes con lo demandado (previo pago de "adelanto de gastos") y acuerdos que a valores constantes significaban el 50% o 60% de lo que se pretendía. Gavier apunta que ayudaba, también, otra falencia del sistema: si los peritos médicos no otorgaban incapacidad, tampoco cobraban honorarios.

Remarca que el foco de la investigación penal no es ni el ejercicio profesional ni la litigiosidad en sí, sino "el delito organizado por profesionales abogados y médicos principalmente dedicados a la estafa procesal, a la falsedad ideológica y, en definitiva, al delito como medio de vida".

Iniciada la investigación judicial, se redujo el ingreso de demandas judiciales en Córdoba alrededor del 30% en 2011, pero un año después la decisión de la Justicia de liberar a procesados por estos delitos -junto a la aparición de la nueva ley de reordenamiento de reparación del daño- provocó un nuevo pico de causas. "La suma de los montos demandados comprometía casi en su totalidad la recaudación del sistema de riesgos del trabajo de Córdoba."

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Córdoba es tercera en el ranking nacional de juicios iniciados cada 10.000 trabajadores asegurados, pero -a contramano del resto del país- se detuvo la evolución.

De acuerdo con los datos de la UART de enero a mayo de este año, en Córdoba aumentó 15,6% interanual la cantidad de demandas por riesgos del trabajo.

Un sistema al servicio del fraude

Enrique Gavier

Fiscal

Comenzó a investigar en 2009 por una denuncia de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y de abogados laboralistas. Córdoba representaba entonces 20% de los juicios de todo el país.

5500

Procesos judiciales

Se analizaron durante la investigación. De ellos, 4500 presentados entre 2008 y 2009 eran seguidos por acuerdos de partes que despertaban sospechas.

15%

Enfermedades

Es el porcentaje de dolencias propias de la edad que se presentaban como enfermedades laborales. Ocho de cada 10 enfermedades profesionales demandadas no existían, pero se acreditaban con certificados médicos irregulares.

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