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Fiscalía investiga procesos de civiles en justicia militar

logotipo de Associated PressAssociated Press 24/05/2017 Por FABIOLA SÁNCHEZ, Associated Press

CARACAS (AP) — La fiscal general de Venezuela abrió el miércoles siete investigaciones por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que señalan al gobierno de violar tratados internacionales y la constitución.

Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los procesos militares, que aseguró que van en contra de la constitución, y cuestionar las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas.

El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar algunos manifestantes para alentar las protestas.

En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, lo que anuló la versión del gobierno que acusó a manifestantes opositores de asesinar al joven con una pistola de perno. El universitario, de 20 años, murió el pasado 27 de abril tras sufrir una herida por un disparo que recibió en el pecho durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.

La fiscal manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos por la acción de las fuerzas de seguridad y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.

El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido del arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.

Ortega Díaz se distanció a fines de marzo del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.

Mientras tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.

Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de Caracas.

Un grupo de manifestantes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y potentes chorros de agua desde un camión cisterna.

En los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital, se registró un violento incidente cuando varios cientos de personas saquearon un camión de productos de limpieza. Otro grupo de manifestantes se enfrentó a los saqueadores y les quitó los productos robados y los derramaron en el lugar en protesta por el saqueo.

El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a elecciones universales, directas y secretas.

El Consejo, señalado de estar controlado por el gobierno, aprobó en horas la propuesta de Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente que se encargarán de redactar la nueva carta magna que reemplazará a la que está vigente desde 1999.

El gobierno avanza en el proyecto en un contexto de creciente tensión política ante la multiplicación de las protestas que en los últimos dos meses han dejado al menos 55 muertos, unos mil heridos y 284 detenidos.

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Fabiola Sánchez está en Twitter como: https://twitter.com/fisanchezn

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