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Iglesia argentina informa cómo pedir datos de dictadura

logotipo de Associated PressAssociated Press 18/05/2017 Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — La Iglesia argentina dio a conocer el jueves el protocolo que deben seguir las víctimas de la represión y los familiares de desaparecidos para consultar sus archivos sobre la dictadura militar de 1976 a 1983.

La Conferencia Episcopal Argentina indicó que pueden solicitar información “las víctimas de la persecución militar, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores”.

Los archivos están conservados en la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

En octubre de 2016, el Vaticano y la Iglesia argentina anunciaron de manera conjunta que el proceso de catalogación y “digitalización” de los archivos había concluido y que eventualmente iban a ser puestos a disposición de las víctimas.

Según los familiares de desaparecidos, los documentos podrían arrojar luz sobre el destino de miles de personas y la supuesta connivencia de la jerarquía eclesiástica con la dictadura.

Las autoridades eclesiásticas anunciaron entonces que el material catalogado incluía unos 3.000 documentos, muchos de ellos cartas de personas que buscaban a sus seres queridos dirigidas a la Iglesia local y al Vaticano, así como las respuestas obtenidas.

El protocolo establece que “la consulta se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información” y “en caso de rechazo parcial o total de la solicitud se notificará por escrito” tras lo cual “el solicitante podrá reiterar el pedido para su reconsideración”.

Determinó que en caso de que se entregue copia de algún documento, “los nombres de otras víctimas extrañas al interesado serán oscurecidos en respeto a la confidencialidad de los datos privados”.

También indicó que los funcionarios de la justicia que deseen consultar el material conservado en la Conferencia Episcopal deberán dirigirse a las autoridades de esa institución. Si requieren datos de los archivos de la Santa Sede o de la Nunciatura Apostólica deberán presentar “una rogatoria internacional a través de los canales diplomáticos habituales”.

Si bien celebraron el anuncio, para las Abuelas de Plaza de Mayo el sistema de acceso a los archivos es “excesivamente restrictivo” y pidieron a la Iglesia que lo revea. “Sólo se dará información por goteo a cada familiar respecto de su caso puntual... Tampoco se dará cuenta de la información vinculada a la intervención global que los miembros de la Iglesia han tenido durante la última dictadura cívico-militar. Tampoco se prevé en este protocolo que tengan acceso a esos datos los organismos de derechos humanos ni investigadores ni periodistas”, dijeron las activistas en un comunicado.

Desde hace 40 años, las Abuelas buscan a sus nietos arrebatados al nacer de las prisioneras en los centros clandestinos de detención y luego entregados a familias no biológicas que los adoptaron en forma ilegal. “Esperamos que la Iglesia Católica revea las restricciones anunciadas para contribuir con la construcción de Memoria, Verdad y Justicia que reclama la sociedad argentina”, concluyeron.

La Conferencia Episcopal también dio a conocer el modelo de carta para requerir la información. Las solicitudes serán recibidas en la sede de su institución en Buenos Aires.

Los obispos argentinos explicaron en 2016 que el ordenamiento de los archivos había comenzado cuatro años antes en el seno de la Iglesia, impulsado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Una vez elegido papa en 2013, Francisco —que fue superior de los jesuitas durante la dictadura— pidió desarrollar el mismo trabajo en la Santa Sede. El pontífice se comprometió en 2015 en un encuentro con familiares de desaparecidos a permitir la apertura de los archivos.

Allegados de las víctimas creen que entre los documentos habría “datos reveladores” que podrían ser aportados en los juicios contra los represores que se desarrollan actualmente.

Más de 7.600 personas fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en la dictadura, según cifras oficiales provisionales, aunque organizaciones de derechos humanos sostienen que fueron al menos 30.000 los desaparecidos.

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