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Justicia argentina pide a cura datos sobre acusados de abuso

logotipo de Associated PressAssociated Press 15/05/2017 Por ALMUDENA CALATRAVA, Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina ordenó el lunes a un sacerdote que investiga los presuntos abusos sexuales a niños sordos en la provincia de Mendoza que informe sobre lo que sabía la iglesia acerca de los tres religiosos acusados.

El vicario judicial Dante Simón fue conminado a dar esa información por el fiscal Gustavo Stroppiana, que investiga los presuntos abusos ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo. El sacerdote tuvo que presentarse ante el funcionario judicial para brindar una declaración testimonial a pedido de abogados de varias de las presuntas 20 víctimas.

El cura italiano Nicola Corradi, el sacerdote argentino Horacio Corbacho y la monja argentino japonesa Kosaka Kumiko están detenidos por distintos abusos cometidos hace al menos diez años.

Además están arrestados los exempleados laicos del instituto José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.

Simón, al que el Vaticano envió a Mendoza cuatro meses después de que estallara el escándalo, debe informar al fiscal en el plazo de esta semana sobre las denuncias de antiguos alumnos del Instituto Antonio Próvolo de Verona (Italia) contra Corradi y otros sacerdotes, por qué y cómo llegó ese cura a Argentina a fines de los 80 y las denuncias contra él por parte de estudiantes del mismo centro con sede en la ciudad de La Plata, donde estuvo antes de recalar en Mendoza, dijo a The Associated Press Sergio Salinas, abogado de varias presuntas víctimas.

Asimismo, deberá informar lo que sepa sobre Corbacho y sobre el sitio en que se ocultó la monja Kumiko mientras permaneció prófuga durante un mes antes de entregarse a principios de mayo a la justicia.

Simón negó días atrás en declaraciones a la AP que la Iglesia quiera proteger a los curas detenidos.

“Si alguien me dice que yo fui a cubrir (a los acusados), además de ofender y no probar lo que está diciendo, yo tendría que ser procesado por no cumplir lo que la iglesia manda, que es la tolerancia cero”, señaló Simón, vicario judicial en el arzobispado de la provincia de Córdoba.

El enviado del papa Francisco cuestionó que tuviera que declarar como testigo al señalar que no conocía bien las denuncias y que está en una “fase preliminar” de la pesquisa.

El vicario permanecerá la semana en Mendoza, 1.190 kilómetros al oeste de Buenos Aires y dijo que desea entrevistarse con las presuntas víctimas. En marzo visitó y habló con los curas detenidos.

“Si veo un solo hecho (de abuso) voy a informar y que proceda la santa sede”, agregó Simón. Los sacerdotes pueden ser castigados con la supresión del estado clerical.

Sin embargo, Salinas señaló que las presuntas víctimas no desean entrevistarse con el enviado del papa porque "desconfían" de su objetividad y sostuvo que el sacerdote debería esperar primero y "sin interferir" a que la justicia penal se pronuncie para que luego la canónica haga lo propio.

El escándalo se destapó en 2016 cuando una adolescente denunció presuntos abusos sufridos cuando era una niña. A partir de entonces se sucedió una avalancha de denuncias en contra de Corbacho, de 55 años, Corradi, de 82 años y el único beneficiado con prisión domiciliaria, y los exempleados del centro.

En los últimos días también quedó bajo arresto Kumiko, acusada de haber facilitado y consentido las presuntas violaciones perpetradas por Corbacho y Corradi.

Simón sostiene que no está entre sus responsabilidades “ocuparse” de Kumiko, porque “no es clérigo” y puntualizó que tiene “indicaciones expresas” de investigar sólo a los sacerdotes. También señaló que la superiora de esa monja, de la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto, es la encargada de saber dónde están en todo momento las religiosas a su cargo.

El nombre de Corradi apareció en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados por una veintena de religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.

En 2012, la diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en octubre de 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina desde los años ochenta. Sin embargo, éste permaneció dirigiendo el instituto para sordos en Mendoza hasta que a fines de 2016 fue cerrado por las denuncias.

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