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Madres de Plaza de Mayo rechazan fallo de Corte en Argentina

logotipo de Associated PressAssociated Press 04/05/2017 Por DÉBORA REY, Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — Las Madres de Plaza de Mayo anunciaron el jueves que pedirán juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que la víspera dictaminaron un fallo que beneficia a un represor condenado por delitos de lesa humanidad al tiempo que denunciarán al Estado argentino ante organismos internacionales por considerar que la decisión es un retroceso en materia de derechos humanos.

En el dictamen, la Corte le concedió al represor Luis Muiña —sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante un operativo militar en 1976— el beneficio de una ley que computaba doble los días en prisión sin condena firme, es decir cuando la pena ha sido apelada. La norma en cuestión, ya derogada, nunca había sido aplicada a condenados por delitos de lesa humanidad, sino solo a presos comunes.

“Creo que los jueces que han firmado este fallo deben ser efectivamente llevados al juicio político por mal desempeño”, dijo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat en rueda de prensa convocada por las Madres en la histórica Plaza de Mayo, la misma donde reclaman por sus hijos desaparecidos desde hace 40 años. Barcesat también cuestionó la idoneidad de los miembros de la Corte por privilegiar una norma procesal derogada a favor de "genocidas" por encima de tratados internacionales de derechos humanos.

Si bien el dictamen corresponde a un solo caso, serviría de precedente para otros condenados por sus acciones durante el régimen de 1976 a 1983. Hasta marzo de este año ascendían a 755 los sentenciados.

Un día después del controvertido fallo, las Madres realizaron su habitual ronda alrededor de la pirámide de la plaza. A paso lento, caminaban con los clásicos pañuelos blancos sobre su cabeza —que originariamente eran los pañales de tela de sus hijos desaparecidos— y sosteniendo una pancarta que decía: “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. 1000 años de prisión”. A los costados, varias decenas de personas las alentaron a no darse por vencidas.

La dictadura militar cobró la vida de más de 6.000 personas, según cifras oficiales, pero para familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, los desaparecidos fueron 30.000.

Hebe de Bonafini, líder de las Madres, afirmó que el fallo no la sorprendió y recordó que durante la dictadura “los jueces fueron grandes cómplices que sabían que nuestros hijos morían y por más presentaciones que hicimos nunca invadieron un lugar o hicieron lo que las madres les pedíamos, que salvaran a alguno de ellos”.

Al respecto, Barcesat insistió: “Los que han cometido hechos aberrantes que hieren la conciencia jurídica de la humanidad, que son crímenes de lesa humanidad, merecen ser tratados como lo dicen las convenciones del genocidio. Para ellos no hay beneficio de amnistía, ni indulto, ni conmutación de pena y mucho menos una norma procesal derogada”.

Otros abogados constitucionalistas, en cambio, se han manifestado a favor del fallo. “El voto mayoritario respeta el principio de imparcialidad en la aplicación de las leyes”, opinó Jorge Vanossi. “La aplicación de la ley penal más benigna debe ser extensiva a todos los delitos, sin distinción alguna”.

El plan de acción de los organismos de derechos humanos también incluirá presentaciones ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesionará en Buenos Aires a partir del 24 de mayo durante tres días.

No obstante, los representantes legales de Madres advirtieron que la Corte Suprema de Argentina dictaminó a principios de este año que no está obligada a acatar resoluciones de organismos regionales.

La denominada ley “dos por uno”—a una persona detenida más de dos años sin condena se le computaba doble cada día de prisión preventiva— fue sancionada en 1994 en medio de una grave crisis carcelaria y en coincidencia con la reforma de la Constitución a partir de la cual el país dio rango constitucional a los tratados internacionales. La norma fue derogada en 2001, cuando empezó a regir un nuevo código procesal.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco argumentaron que a Muiña le cabe el principio de ley penal más benigna y que la aplicación de la mencionada norma “resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna”. Los jueces se basaron en un artículo del código penal según el cual ninguna ley se puede aplicar en forma retroactiva salvo que sea más benigna.

Muiña, que debía cumplir condena hasta 2024, vio reducida su sentencia en ocho años a partir de este beneficio y ya goza del beneficio de la libertad condicional.

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