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Mayor equidad y menor evasión, dos metas para la reforma tributaria

logotipo de LA NACION LA NACION 27/08/2017

La sociedad argentina requiere cada vez con mayor énfasis una reforma impositiva. Desde diversos sectores y por diferentes motivos se viven situaciones no deseables que el Gobierno ha llegado a captar y, por ende, se comprometió en el análisis y la concreción de una reforma que, a su vez, necesita también para lograr un saneamiento de las finanzas públicas.

En primer lugar, el ciudadano que se convierte en contribuyente necesita un marco legal que le facilite conocer con claridad sus derechos y obligaciones. Deberían eliminarse normas contrapuestas y habría que usar un lenguaje jurídico comprensible, para pasar a un sistema impositivo caracterizado por la armonía y el ordenamiento de la estructura normativa. Eso facilitaría un mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones y reduciría significativamente la actual cantidad superlativa de litigios entre los sujetos de la relación tributaria. Al mismo tiempo se pondría así una barrera para imposibilitar la evasión y la elusión.

Establecido el marco pertinente, debe focalizarse el contenido de los gravámenes que integran el sistema en la búsqueda de lo positivo.

El régimen actual muestra claramente su regresividad. Esto significa que hay un mayor impacto sobre quienes tienen menor capacidad de pago al priorizarse los impuestos sobre los consumos, que lideran la recaudación tributaria. Buscar la reducción de dicho efecto y asegurar que esa baja llegue hasta el consumidor final, no debe generar preocupación acerca del nivel de recaudación, ya que se generaría un mayor consumo y habría un correlativo incremento de la materia imponible, compensándose así la teórica disminución del ingreso fiscal. Este esquema es importante aplicarlo, entre otros, a una disminución o supresión en algunos casos de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de tan alta influencia en los niveles de capacidad de compra de amplios sectores del universo de consumidores.

Cabe estudiar, con la misma finalidad, la eliminación de Ingresos Brutos en los niveles estaduales, reemplazándolo por otra modalidad compensatoria más virtuosa.

Una alternativa que merece atención radica en aumentar la progresividad del impuesto a las ganancias aplicable a personas humanas, buscando que afecte sólo las altas rentas debidamente definidas, para evitar injusticias y conflictividad social y, al mismo tiempo, posibilitar un aumento de los ingresos públicos.

En cualquier caso debe tenerse presente que las necesidades presupuestarias hacen necesario operar sobre el gasto público, para lograr un más racional límite y tipología de las reformas a llevar a cabo.

La reforma debe ser pensada desde un objetivo político claro y decidido. Claro, en cuanto a una depuración normativa que elimine normas contradictorias, el carácter distorsivo de varios de ellos y el nada deseable perfil regresivo. Y decidido, respecto de imponerse el Gobierno para combatir la evasión fiscal y generar un cambio de cultura tendiente al pago correcto de las obligaciones, basado en el ejemplo de un honesto y apropiado manejo del dinero público, haciéndolo ver a toda la ciudadanía.

Es imprescindible que el contribuyente se convenza de que es una patología financiera de su parte creer que es procedente ejercer sus derechos políticos justificando incumplimientos en el pago de gravámenes en función de su pensamiento ideológico sobre el gobierno de turno. Abonar lo que corresponde es lo que permite la existencia de un Estado.

Es básico poner foco en una categórica reducción de la evasión fiscal, un aspecto que habrá de permitir un mejor y más equitativo funcionamiento de cualquier sistema de impuestos. Y es absolutamente básico si se lo concibe con una presión que no obstruya el desarrollo económico.

Veamos un ejemplo de lucha antievasión que puede resultar eficaz en muchos sentidos. En nuestro país se ha difundido la no entrega de facturas por ventas, sobre todo en comercios minoristas, con la complicidad y -lo que es peor aún- con la indiferencia de quien debería recibirla y no la reclama. Esta actitud cambiaría sustancialmente con un método que posibilite a los consumidores entregar periódicamente las facturas que obtengan a entidades de bien público, las que a su vez, las aportarían al fisco recibiendo un subsidio económico como contrapartida. Se lograría que la autoridad fiscal contara con invalorables elementos de control, que las entidades favorecidas vieran incrementar sus recursos y que la ciudadanía sintiera el bienestar moral de cumplir con un deber social.

Con estas líneas, sólo deseamos señalar algunos aspectos conceptuales básicos para considerar en el momento de definir una reforma fiscal.

El autor es contador, socio y fundador del estudio Lisicki, Litvin & Asociados

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