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Panamá aplaza fallo de extradición de exgobernador mexicano

logotipo de Associated PressAssociated Press 02/08/2017

PANAMÁ (AP) — Un tribunal panameño aplazó el martes hasta el día siguiente el veredicto de extradición del exgobernador mexicano Roberto Borge, señalado por actos de corrupción en su país.

Los tres jueces del proceso en el Tribunal Superior de Apelaciones dispusieron acogerse al término de 24 horas para emitir el fallo debido a “la complejidad” del caso, informó el magistrado Mauricio Marín, quien presidió la sesión.

La fiscalía ha solicitado que se decrete una detención formal del exgobernador de Quintana Roo, quien se encuentra detenido preventivamente en un centro carcelario, y que se amplíen los cargos de solicitud de extradición para incluir acusaciones de aprovechamiento ilícito de poder, desempeño irregular de funciones públicas y peculado.

Los jueces también deben decidir sobre un pedido de la defensa del exgobernador de que se suavicen los términos de sus medidas cautelares o se le conceda la libertad bajo fianza. La defensa solicitó además que se desestimara la ampliación de cargos y el pedido de extradición.

Luego que se conozca el veredicto de los jueces y concluida la parte judicial del proceso de extradición, el exgobernador quedaría en manos del Ministerio panameño de Relaciones Exteriores.

El exgobernador del estado de Quintana Roo fue detenido en junio en el aeropuerto internacional de la capital panameña cuando se disponía a viajar a Francia.

Borge rechazó acogerse al requerimiento de extradición. El fiscal en asuntos internacionales del Ministerio Público panameño, José Candanedo, alega que contra el exgobernador hay un pedido de captura internacional por acusaciones en su país por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y por tratar de ocultar bienes.

Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente de México, Enrique Peña Nieto, gobernó el estado de Quintana Roo, en el sureste del país, de 2011 a 2016. Su detención es la tercera de un exgobernador priísta en lo que va de año después de los sonados arrestos que tuvieron lugar en abril.

La fiscalía de su país le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de 5.000 millones de pesos (273 millones de dólares).

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