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Privatizaciones y minería en el Amazonas: Temer lanzó un polémico plan de reactivación

logotipo de LA NACION LA NACION 25/08/2017

RÍO DE JANEIRO.- Liquidación total. En un intento por aumentar sus ingresos frente a la caída de la recaudación, recuperar la confianza de los inversores tras el incremento en la previsión del déficit para este año y reanimar así la economía, el gobierno de Michel Temer anunció un amplio paquete de privatizaciones que incluye aeropuertos, rutas, puertos, la principal empresa de electricidad, una lotería y hasta la Casa de la Moneda, además de la liberación de una inmensa reserva en la selva amazónica que ahora será abierta a la minería.

El ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco, indicó que serán incorporados al programa de ventas y concesiones a la iniciativa privada 57 activos estatales, con los que se espera darle impulso a la economía mediante las inversiones. "El objetivo de este programa es enfrentar la cuestión del empleo y de la renta", señaló Moreira Franco, al hacer referencia a la aún alta tasa de desempleo ( 13,3%), y a la caída en la recaudación esperada para este año, a medida que el país busca salir de su peor recesión.

Frente a la menor cantidad de ingresos, el gobierno ya había aumentado el impuesto al combustible -una medida muy impopular- y debió rever para el alza las metas de déficit primario para este año y 2018: pasó de 44.000 a 50.000 millones de dólares. Este ajuste llevó a que muchos inversores internacionales plantearan cierta desconfianza sobre la solidez de las políticas económicas del gobierno.

Para revertir la situación, el Palacio del Planalto indicó el lunes que vendería la principal empresa de energía eléctrica, Eletrobras, anuncio que despertó el optimismo y generó euforia en la Bolsa de San Pablo, que se disparó un 44%, a su mayor nivel desde 2011. Y ahora siguió con este variado paquete de privatizaciones y concesiones, que se extenderá hasta fines de 2018, cuando finaliza el mandato de Temer, que asumió el año pasado tras el impeachment a Dilma Rousseff.

El programa de privatizaciones recibió aplausos inmediatos de los analistas del mercado, como también del director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, que contrastó la postura "aperturista" de Brasil frente al proteccionismo en otros países. Sin embargo, desde la oposición política se criticó con dureza la iniciativa gubernamental.

"Estas nuevas medidas dan continuidad a un proceso acelerado e irrestricto del gobierno golpista y antibrasileño de vender el patrimonio del pueblo de Brasil a precios irrisorios y de destruir todos los mecanismos de los cuales dispone el Estado para hacer avanzar el desarrollo nacional", sentenció en un comunicado el opositor Partido de los Trabajadores.

Entre los activos a ser privatizados están 13 aeropuertos, incluidos el metropolitano de San Pablo, Congonhas, uno de los de mayor tráfico del país, así como las terminales de Recife, Maceió, João Pessoa y Cuiabá. En los últimos años, ya fueron concedidos al sector privado los aeropuertos internacionales de San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Campinas, Salvador, Natal, Fortaleza, Porto Alegre y Florianópolis, pero ahora se pretende también reducir la participación estatal en las licitaciones, límite que había puesto el gobierno de Dilma. Se concederán también rutas del interior, sobre todo en el área de Mato Grosso y de la Amazonia. Y se privatizarán terminales de cargas en los puertos de Paranaguá y Belém, entre otros, para facilitar las exportaciones. Gran sorpresa provocó la incorporación de la Casa de la Moneda en la lista de activos a ser vendidos, ya que se trata de la entidad encargada de confeccionar billetes de reales y monedas, así como de la impresión de estampillas postales y diplomas públicos.

De todos modos, el mayor rechazo lo suscitó el decreto presidencial que liberó para la explotación mineral la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), entre los estados amazónicos de Pará y Amapá. Se trata de un área de casi 47.000 kms2 (más grande que Suiza), rica en cobre, oro y otros minerales, que había sido creada durante la última dictadura militar por su valor estratégico. Aunque el gobierno aclaró que la medida "no se aparta de la aplicación de la legislación específica sobre protección de la vegetación nativa, unidades de conservación natural y tierras indígenas", para los grupos ambientalistas es una importante regresión en la defensa del medio ambiente.

"El gobierno de Temer es la mayor amenaza que la agenda socio-ambiental enfrenta desde la dictadura. En un año de administración hemos visto enormes retrocesos y a un ritmo veloz debido a la influencia de la «bancada ruralista» en el Congreso, de la que depende el presidente para sobrevivir", dijo a LA NACION Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace en Brasil.

El especialista citó entre las medidas más negativas el recorte de recursos para la fiscalización ambiental y para el organismo que vela por los derechos indígenas, la disminución de áreas de protección selvática, la liberación de agrotóxicos y el aumento de la deforestación para dar lugar a proyectos agropecuarios. Asimismo, recordó que tan sólo en el primer semestre de este año la Comisión Pastoral de la Tierra lleva contabilizados 37 asesinatos de activistas y trabajadores rurales.

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