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Puerto Rico advierte que impugnará licencias a trabajadores

logotipo de Associated PressAssociated Press 04/08/2017 Por DANICA COTO, Associated Press

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El gobernador de Puerto Rico intentó el jueves persuadir de último momento a una junta federal de control de que imponer licencias a decenas de miles de empleados públicos asestaría un golpe innecesario a la hundida economía de la isla.

Ricardo Rosselló manifestó su postura durante una conferencia de prensa antes de la reunión del viernes en la que la junta que supervisa las finanzas de la isla tiene previsto someter a votación si ordena las licencias y otras medidas para reducir el gasto del gobierno.

Puerto Rico carga una enorme deuda y sus ingresos fiscales han disminuido debido a una recesión de 10 años.

Rosselló dijo que el gobierno puertorriqueño tiene casi 1.800 millones de dólares en efectivo, los cuales rebasan por mucho la cantidad que la junta había solicitado para evitar las licencias obligatorias.

El gobierno se ha comprometido a impugnar en tribunales las licencias, y que según Rosselló tendrán consecuencias negativas por 600 millones de dólares.

“Vamos a defender el pueblo de Puerto Rico en cualquier foro”, manifestó el gobernador. “Esta medida es innecesaria e insensata”.

La junta no ha anunciado si aprobará las licencias obligatorias o adoptará otras medidas durante su reunión del viernes. Sus miembros no contestaron de momento una solicitud de The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre el asunto.

Cuando creó la junta el año pasado, el Congreso le otorgó amplias facultades para supervisar las finanzas del gobierno de la isla, pero Rosselló señaló que está listo para enfrentarla.

“Aquí la política pública la decide el gobierno de Puerto Rico”, afirmó.

La junta propuso este año que se impongan al mes licencias de dos días a maestros y de cuatro a otros empleados del gobierno a fin de reducir el gasto gubernamental en 40 millones de dólares en ese periodo. Además, todos los bonos navideños podrían ser eliminados para el año fiscal 2018.

La junta también tiene previsto analizar el viernes maneras para reformar el sistema de pensiones, que arrastra un pasivo de casi 50.000 millones de dólares.

Más de 12 municipios en Puerto Rico han aplicado sus propias licencias en los últimos meses debido a las dificultades derivadas en la reducción de sus presupuestos. Algunos han eliminado hasta 20 horas laborales a la semana, lo que implica una reducción salarial de 500 dólares mensuales para algunos empleados.

En general, los puertorriqueños se han visto afectados por nuevos impuestos, alzas a los servicios públicos y otras medidas de austeridad en momentos en que el gobierno pretende reestructurar una parte de su deuda pública por más de 70.000 millones de dólares mediante un prolongado proceso parecido al de bancarrota, el cual emprendió en fecha reciente en una corte federal.

La falta de pago de bonos por millones de dólares en la que el gobierno ha incurrido en los últimos años enfureció a los acreedores, que buscan recuperar parte de sus inversiones mediante demandas.

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