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Tribunal argentino rechaza fallo en favor de represor

logotipo de Associated PressAssociated Press 09/05/2017 Por DÉBORA REY, Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino rechazó el martes la aplicación de un polémico fallo de la Corte Suprema que favoreció a un condenado por delitos de lesa humanidad en medio de una oleada de críticas de distintos sectores que advirtieron podría beneficiar a otros acusados de abusos en la última dictadura militar.

Además, un fiscal federal acusó de emitir una resolución contraria a la ley a los tres miembros de la Corte Suprema que firmaron el fallo. Ahora tocará a otro juez determinar si se inicia una investigación en su contra.

Con el voto de tres de sus cinco miembros, la Corte Suprema había reducido la condena a Luis Muiña, un civil sentenciado originalmente a 13 años de prisión por participar en el secuestro y torturas de disientes durante el régimen (1976-1983), con base en una ley que rigió en el país entre 1994 y 2001. Por esta norma, se computaba doble los días en prisión sin condena firme.

La resolución desencadenó peticiones de otros sentenciados para recibir el mismo trato y una oleada de críticas de activistas, víctimas y del mismo gobierno. Hasta marzo de este año había 755 condenados por delitos de lesa humanidad.

En respuesta a una solicitud de un exmilitar condenado que pedía ser beneficiado con la misma ley, conocida como “dos por uno”, un tribunal de la provincia de San Juan determinó el martes que la aplicación de la norma era “inconstitucional” y no correspondía para su caso porque “viola el principio de igualdad ante la ley” con las personas que cumplen actualmente con prisión preventiva por delitos comunes.

“Lo decidido por la Corte es obligatorio únicamente en su propio caso, dado que el 'caso' en examen fue lo que le atribuyó competencia”, argumentó el tribunal provincial. “Los tribunales inferiores pueden apartarse de la decisión de la Corte Suprema cuando el caso que tengan bajo examen tenga algún elemento nuevo o no considerado por el Superior Tribunal".

La resolución del tribunal de San Juan, sin embargo, no revoca el fallo a favor de Muiña, debido a que fue tomado por la Corte Suprema, la máxima instancia judicial.

Hasta el momento ningún tribunal ni fiscal del país hizo lugar a pedidos de condenados por delitos de lesa humanidad para recuperar la libertad basándose en el antecedente Muiña.

A su vez, la Cámara de Diputados debatía este martes un proyecto de ley para limitar el alcance del fallo de la Corte Suprema. La iniciativa cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, un hecho inédito en la historia legislativa reciente.

En paralelo, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a los jueces de la Corte Suprema que firmaron el fallo a favor de Muiña: Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A los tres los consideró responsables de “prevaricato”, o dictar sentencias contra la ley, aunque será un juez quien determine si hay elementos para investigarlos y procesarlos.

“La solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país", argumentó el fiscal.

Los jueces de la Corte Suprema dijeron que aplicaron esa norma a partir de un artículo del código penal según el cual ninguna ley puede aplicarse en forma retroactiva salvo que sea más benigna.

Muiña fue condenado por participar en un operativo militar en un hospital de la provincia de Buenos Aires ocurrido en marzo de 1976, en el cual se secuestraron a cinco empleados de ese nosocomio y luego trasladados a un centro clandestino de detención, donde fueron torturados.

En un comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el potencial impacto del fallo Muiña “en el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina”.

“Argentina se ha instalado como modelo de lucha y restitución de derechos en el largo camino tras la última dictadura cívico-mililar. Este recorrido no puede desandarse sin exponer al país a cometer nuevas violaciones a los derechos humanos”, aseveró la organización.

La dictadura militar cobró la vida de más de 6.000 personas, según cifras oficiales, pero para familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, fueron hasta 30.000 los desaparecidos.

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