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Un atajo para evitar la fractura sindical

logotipo de LA NACION LA NACION 17/08/2017

La CGT descomprimirá su interna con una movilización a la Plaza de Mayo, de la que podría salir la fecha del segundo paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri. Resultó ser el atajo para evitar una fractura, en tiempos en los que el Gobierno teje en secreto una reforma laboral con otros actores sindicales que están hoy alejados de la central obrera.

El Gobierno postergó el debate legislativo de una eventual reforma laboral a la espera de una configuración más favorable del Congreso y al nuevo mapa opositor que se dibujaría tras las elecciones de octubre.

En forma paralela, lejos de observar con pasividad el posible reordenamiento, activó por diferentes vías un plan para reducir los costos laborales y la conflictividad, y así atraer inversiones externas. Selló ya acuerdos sectoriales con los gremios petroleros, portuarios y de las industrias automotrices, textiles y láctea. La intención oficial es expandir este tipo de tratos para escenificar cierto consenso antes de avanzar en cualquier cambio quirúrgico de la legislación laboral, que, de concretarse, en el Ministerio de Trabajo aseguran que sería más light que la reforma que se concretó en Brasil el mes pasado.

El Gobierno moldea su propia reforma a partir del consenso de un sector gremial y empresario. El borrador contempla hasta ahora el blanqueo laboral, con exención de cargas patronales y beneficios impositivos para los empresarios que registren trabajadores; el regreso de las pasantías; una ampliación de la licencia por paternidad de dos a 14 días, y una suerte de flexibilización de las desvinculaciones laborales, quizás el punto que despierta mayor rechazo entre los sindicalistas.

En tren de impulsar estos cambios, en el mismo momento que la CGT debatía ayer su alineamiento con la Casa Rosada, los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Rogelio Frigerio (Interior), Juan José Aranguren (Energía) y Mario Quintana (vicejefe de Gabinete) almorzaban un asado en el 8° piso de la sede del Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) con los gremios del sector energético.

"Queremos facilitar que vengan las inversiones porque está todo parado. En el Supeh ya hicimos un pacto para bajar los costos al ajustar las guardias y horas extras", reconoció Antonio Cassia, el anfitrión de los ministros y de sus comensales sindicales, entre los que estaba Hugo Moyano. El próximo paso de este polo gremial será reunirse con el presidente Mauricio Macri.

Los acuerdos sectoriales que va enhebrando el Gobierno acentúan por otro lado la grieta en la CGT, cuyo triunvirato de mando tiene fecha de vencimiento. Hay gremios que están dispuestos a resisitir y no aceptarán cualquier intento reformista, pero hay otros que argumentan que no les queda otra opción que negociar. Es una disyuntiva similar a la que fracturó la CGT en los 90.

"Acá no entra más un peso por la reforma laboral de Brasil", se resigna un gremialista del ala moderada de la CGT. Otro dirigente, que empuja para activar un paro general en el corto plazo, sostiene: "Si nos quedamos de brazos cruzados, vienen por nosotros. Mucho más después del resultado de las elecciones". En ambas definiciones se esconden los otros argumentos por los que la CGT volverá a las calles.

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