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Un ataque que trastocó las prioridades de una sociedad dividida

logotipo de LA NACION LA NACION 19/08/2017

Cataluña despertó de repente del sueño de una rebelión política y se encontró en medio de una guerra verdadera, impiadosa, desgarradora. La imagen del Paseo de La Rambla regado de cadáveres conmociona al mundo justo cuando los independentistas que gobiernan la región acababan de lanzar la ofensiva final para alcanzar la meta de romper España.

El ansia separatista empequeñece ante el espejo del horror jihadista. La Plaza de Cataluña se pobló ayer de una multitud doliente, encabezada nada menos que por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No se oyó otro grito que un corajudo no tinc por (no tenemos miedo) en condena a los asesinos. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, llevaba meses imaginando las plazas y ramblas de Barcelona desbordantes de militantes con banderas esteladas que lo ayudarían a consumar la obra de su vida: el referéndum de autodeterminación vinculante que pretende celebrar el 1° de octubre en abierto desafío a los tribunales y las instituciones españolas.

La tragedia empujó a Puigdemont a marchar al lado del rey y de Rajoy, obligados los tres al gesto de unidad. El líder catalanista sintió necesario ratificar que los atentados de Barcelona y Cambrils no cambian en nada su hoja de ruta hacia la independencia, pero sabe que el tablero político voló por los aires.

Cuando pase el duelo social y la tregua institucional, aflorarán en forma de reproches algunas suspicacias que empezaron a airearse desde el mismo jueves. La más delicada: ¿existió una colaboración efectiva y sin mezquindades entre la policía autonómica catalana -los Mossos d'Esquadra- y las fuerzas de seguridad nacionales? Barcelona era el mayor foco jihadista de España, como alertaban instituciones gubernamentales y privadas.

Más temprano que tarde, a Rajoy y a Puigdemont les tocará explicar cómo pudo operar bajo el radar una célula de por lo menos 14 miembros como la que ejecutó los ataques. El gobierno español tiene a mano un relato cantado para deslindar responsabilidades si decide -como insinúan algunos dirigentes- culpar a la Generalitat por obsesionarse con la independencia y olvidarse de atender "los problemas de la gente".

La etapa final del proceso separatista debía empezar antes de fin de mes. Las últimas encuestas mostraban una sociedad dividida, pero con un creciente alza de quienes se oponen a la ruptura.

Aun así, el plan de Puigdemont y sus aliados contempla aprobar una ley regional que dé sustento al referéndum. Como todos los pasos previos hacia la secesión, Rajoy prevé impugnarlo en la justicia por ilegal. El Tribunal Constitucional sin dudas le dará la razón.

El guión incluía pasos previsibles y otros inciertos. El Parlamento catalán, de mayoría nacionalista, amenaza con desconocer las sentencias judiciales y convocar igual la votación. En ese trance llegaría la tradicional manifestación del Día Nacional, el 11 de septiembre, presentada este año como el último envión hacia la república catalana. Puigdemont imaginó llegar al 1° de octubre con urnas en los colegios y multitudes en las calles.

La duda siempre fue cómo impediría Rajoy la rebelión. ¿Llegaría al extremo de intervenir la autonomía catalana? ¿Avalaría un castigo judicial ejemplar para los líderes separatistas? Según la ley, podría pedirse desde la destitución hasta el arresto de los responsables de un intento de romper el Estado.

Es una discusión que hoy suena insensible. Cambiaron las preguntas: ¿podrá el independentismo movilizar a una sociedad herida para un proyecto político destinado a desatar un conflicto explosivo? ¿Se sentirá obligado a postergar, otra vez, el golpe definitivo? ¿O será una tragedia atroz la puerta inesperada para una negociación sensata que ya parecía imposible?

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