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Un caso absurdo que muestra todo lo que puede demorar un proceso

logotipo de LA NACION LA NACION 05/08/2017

Ocho años le llevó a la Justicia dictar una sentencia en esta causa, donde el hecho a investigar era la falsificación de los papeles de un auto.

Una firma apócrifa, un número de motor adulterado, un domicilio en una cuadra que no existe y que Amado Boudou acreditó con la fotocopia de una página falsa (inventada) de su documento de identidad.

Ocho años y terminó sin declarar si Boudou fue culpable o no. El caso murió por el paso del tiempo. Prescribió. Como no se dieron a conocer los fundamentos del fallo no está claro de quién fue la culpa. Es probable, además, que al final no sea culpa de nadie, si la Cámara de Casación revisa esta sentencia y decide que no hubo tal prescripción. Lo indudable es que el caso lleva ocho años y la historia todavía no terminó.

Este expediente es insólito por lo ridículo: un hombre que llegaría a ser vicepresidente, una cupé roja de 1992 y la sospecha de que todo fue para estafar a una ex mujer. Pero no es una excepción en términos de demoras. Acaba de reabrirse la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo. Siguen dando vueltas por los tribunales causas como la mafia del oro, IBM-Banco Nación y Tandanor. Acaba de entrar en la Corte el recurso extraordinario de Carlos Menem contra su condena en la causa por la venta de armas, y el caso de los sobresueldos -donde también fue condenado- está recurrido en la Casación.

Hoy, la duración promedio de la instrucción de una causa de corrupción supera los 7 años. Y la instrucción es sólo la mitad del proceso. Es la primera parte, donde el juez -con el impulso del fiscal- investiga y reúne pruebas. Si considera que hay elementos contra los acusados, los procesa y envía a juicio.

Los jueces suelen especular con los tiempos cuando se trata de causas sensibles para el poder y hay casos especialmente difíciles de investigar , pero existen otros motivos que explican las demoras. Que la instrucción sea escrita, es uno. Otro es el sistema previsto para revisar las decisiones de los jueces.

Un abogado chicanero puede lograr empantanar un expediente meses con sucesivas apelaciones. Las causas, que en la práctica son pilas de papeles, van y vienen entre el juzgado y la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto los trámites se congelan. En Brasil, por ejemplo, donde el juez Sergio Moro condenó a Luiz Inácio Lula Da Silva son muy pocos los recursos previstos durante la investigación.

El informe que da cuenta de los más de 7 años que demora en promedio la instrucción lo elaboraron en 2012 la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Delitos contra la Administración Pública de la Procuración, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), analizando 21 casos de corrupción relevantes de las últimas décadas.

Son pocos los estudios sobre duración de las causas. Uno de los últimos lo elaboró este año la Universidad de Tres de Febrero. Según ese informe, la sentencia de ayer es una excepción porque muy pocas veces las causas llegan a juicio. En la ciudad de Buenos Aires, sólo el 4% y cuando finalmente llegan, la mayoría se cierra con un acuerdo antes del juicio propiamente dicho. Un acuerdo que se demora hasta último momento, después de años de proceso.

La prescripción funciona como un límite al Estado, que tiene un determinado tiempo para perseguir los delitos, salvo en los casos de lesa humanidad. Hoy se discute la posibilidad de declarar imprescriptibles también los hechos de corrupción. Es, de mínima, una admisión de que los procesos son eternos.

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