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Venezuela: fiscal general cuestiona al Tribunal Supremo

logotipo de Associated PressAssociated Press 02/06/2017

CARACAS (AP) — La fiscal general de Venezuela cuestionó el jueves una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la reforma a la constitución, con lo que profundizó su distanciamiento del gobierno que ya la identifica como una disidente que podría poner en riesgo el futuro del proceso revolucionario.

Luisa Ortega Díaz volvió a enfrentarse al máximo tribunal al objetar la sentencia difundida la víspera, que determinó que no hace falta convocar a un referendo consultivo para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como sostienen el presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno.

“Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos”, dijo Ortega Díaz a la prensa luego de introducir en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo una solicitud de aclaratoria del dictamen y que se determine si se puede convocar una modificación del texto constitucional sin la aprobación de los habitantes.

En una alocución televisada el jueves en la noche, Maduro afirmó que el fallo del Tribunal Supremo dejó en claro que su convocatoria de la Asamblea Constituyente "se acoge perfectamente al espíritu" de la carta magna de 1999, "es constitucional y legal y todos debemos acatar su sentencia".

Destacó que, en consecuencia, únicamente la nueva constitución, que resulte del proceso constituyente, será llevada a un referendo consultivo para que el pueblo decida su aplicación o no.

Al defender su acción, la fiscal sostuvo que con el proceso constituyente se pretende “vulnerar” la progresividad de los derechos humanos al reducir a la “mínima expresión” la participación popular.

“De la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica”, agregó.

Algunos medios locales difundieron hace unas semanas una misiva que envió Ortega Díaz al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente en la que planteó que, ante la crisis que enfrenta el país, no era conveniente promover un proceso de reforma de la constitución impulsada en 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Poco después de la difusión de la misiva, los magistrados Danilo Mojica y Marisela Godoy del Tribunal Supremo _que son vinculados a la oposición_ se pronunciaron abiertamente contra el proceso constituyente.

En su progresivo distanciamiento del gobierno, la fiscal, quien en el pasado fue cercana al oficialismo, cuestionó la semana pasada la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas y acusó a un guardia nacional de herir mortalmente a un universitario con una bomba lacrimógena, pronunciamiento que desmintió el gobierno, el cual sostenía que el joven manifestante fue asesinado con una pistola de perno por un opositor.

A raíz de esa declaración el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, y el vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, acusaron a la alta funcionaria de promover la impunidad y de estar de lado de los opositores, que desde hace dos meses promueven protestas en todo el país contra el gobierno para exigir elecciones generales, entre otros puntos.

Cabello dijo además que tenía informaciones de que desde la Fiscalía General se está preparando el “enjuiciamiento” de Maduro, los magistrados del Tribunal Supremo y otros altos funcionarios.

A finales de marzo Ortega Díaz consideró violatorias de la constitución dos sentencias que había emitido el Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y denunció una “ruptura” del orden constitucional. A raíz de esa declaración la fiscal inició un progresivo distanciamiento del gobierno.

Maduro anunció el jueves que entre los aspirantes a integrar la Asamblea Constituyente figuran la primera dama Cilia Flores, así como varios de sus más cercanos colaboradores, quienes deberán separarse de sus cargos una vez que la autoridad electoral confirme sus candidaturas.

El proceso para la redacción de una nueva constitución que activó Maduro a principios de mayo ha sido duramente cuestionado por la oposición, que acusa al mandatario de dar un “golpe de Estado” y de imponer un “fraude constitucional”.

Por otra parte, la canciller Delcy Rodríguez anunció que Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay integrarán un grupo de países que ayudarán al proceso de diálogo en Venezuela, el cual está estancado desde diciembre pasado.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó el miércoles al dirigente y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, que tome acciones para evitar las protestas y el cierre de vías en esa entidad, ya que de lo contrario podría ser sancionado. El máximo tribunal emitió una sentencia similar contra otros diez alcaldes opositores de la región capital, y de los estados Mérida y Anzoátegui. Durante las protestas del 2014 la Corte arrestó y destituyó a dos alcaldes de la oposición en los estados Carabobo y Táchira por incumplir una sentencia similar.

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