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Venezuela: Ordenan investigar juicios militares a civiles

logotipo de Associated PressAssociated Press 25/05/2017 Por FABIOLA SÁNCHEZ, Associated Press

CARACAS (AP) — La fiscal general de Venezuela abrió siete investigaciones el miércoles por los civiles detenidos que son juzgados por tribunales militares, al tiempo que la cifra de muertos en las persistentes manifestaciones antigubernamentales aumentó a 56 tras fallecer un estudiante de un disparo en la cabeza.

Luisa Ortega Díaz dio un nuevo paso en su distanciamiento del gobierno al objetar los juicios militares, que aseguró son anticonstitucionales, y cuestionó las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de las protestas. Diversas organizaciones humanitarias acusan al gobierno de violar tratados internacionales y la Constitución por la forma en que ha manejado las manifestaciones.

El presidente Nicolás Maduro y otras figuras del gobierno han defendido los procesos militares contra civiles y las actuaciones de la policía y la Guardia Nacional, y han acusado a la oposición de asesinar a algunos manifestantes con el fin de alentar las protestas.

En una conferencia de prensa, Ortega Díaz reveló que el universitario Juan Pernalete murió por un disparo de una bomba lacrimógena que lanzó un guardia nacional, en un desmentido a la versión del gobierno de que manifestantes opositores asesinaron al joven con una pistola de perno. El universitario de 20 años murió el 27 de abril de un balazo en el pecho durante una protesta en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.

Por otro lado, el estudiante Augusto Pugas, de 22 años, falleció el miércoles en la sureña Ciudad Bolívar tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en la Universidad de Oriente, confirmó la Fiscalía en un comunicado, con lo que la cifra de fallecidos en las protestas recientes aumentó a 56.

Ortega Díaz manifestó preocupación por los más de 500 casos de civiles heridos a manos de las fuerzas de seguridad, y exhortó a los altos mandos militares a que mantengan un control y seguimiento de los funcionarios que actúan en la contención de las protestas.

El Ministerio Público imputó a 19 policías y militares por los delitos de homicidio, trato cruel e inhumano, uso indebido de arma, privación ilegítima de libertad y violación de domicilio en el marco de las protestas de los últimos dos meses.

Horas después, en una declaración televisada, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, expresó su inconformidad con el desempeño de la Fiscalía durante las protestas, al afirmar que ha propiciado “un clima de impunidad”, particularmente al desestimar “todas las actuaciones policiales” en algunos casos, pese a que las capturas de sospechosos se registraron en el momento de estarse cometiendo un delito.

Reverol, sin dar detalles, comentó que la Fiscalía "no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia" en ciertos casos y ha llegado incluso a “precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como es la Fuerza Armada". La verdad sobre los hechos "se impondrá en los tribunales", afirmó.

A fines de marzo Ortega Díaz se distanció del gobierno al rechazar dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional.

En tanto, varios miles de opositores marcharon el miércoles por el este de Caracas en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral de posponer hasta fin de año la elección de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por Maduro.

Cientos de policías con equipos antimotines bloquearon el paso a los manifestantes cuando intentaban avanzar hacia la sede de dicho Consejo, en el centro de Caracas. Un grupo de inconformes tomó la principal autopista de la capital y fue reprimido por guardias nacionales con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua.

La Sala Constitucional del máximo tribunal del país ordenó el miércoles a los alcaldes de ocho municipios de la región capital, así como de los estados Miranda y Mérida, tomar acciones para evitar que los manifestantes coloquen barricadas en las calles y alteren el orden público. La decisión afecta a los municipios capitalinos de Chacao, Baruta y el Hatillo, que han sido epicentro de las protestas en los últimos dos meses.

Durante las manifestaciones del 2014, el Tribunal Supremo tomó una medida similar contra dos alcaldes de los estados Carabobo y Táchira, los cuales fueron detenidos y destituidos de sus cargos bajo el alegato de que desacataron la orden de levantar las barricadas.

El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente por territorios y sectores, proceso que según juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a realizar elecciones universales, directas y secretas.

El Consejo, señalado de estar controlado por el gobierno, aprobó en cuestión de horas la propuesta de Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones de los miembros de la Asamblea Constituyente que se encargarán de redactar la nueva carta magna, la cual reemplazará a la que está vigente desde 1999.

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Fabiola Sánchez está en Twitter como: https://twitter.com/fisanchezn

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