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¿El inicio de la contra reforma?

logotipo de Pulso Pulso 15-12-2016

El pasado 29 de noviembre el Congreso Nacional finalmente despachó el proyecto de ley de Presupuesto 2017. Tras 60 días de debate y con una expansión del gasto de sólo un 2,7%, la discusión en torno al Presupuesto para 2017 estuvo centrada, como ya es de costumbre, en la partida 09 correspondiente al Ministerio de Educación.

Con una insistencia por parte del Gobierno en la inconstitucionalidad de las glosas 02 y 03, correspondientes al financiamiento de la gratuidad para universidades y centros de formación técnica e institutos profesionales respectivamente, se intentó hacer caso omiso al fallo del Tribunal Constitucional del año pasado en relación con esta misma materia, donde sentenció que las ayudas estudiantiles sólo pueden tener en consideración la vulnerabilidad de los estudiantes y la calidad de la institución para poder ser adjudicadas.

De esta forma, el Tribunal Constitucional fue claro en señalar que no podrá existir discriminación alguna entre las distintas instituciones de educación superior, cementando así el camino para terminar con las históricas diferencias entre las instituciones estatales, las pertenecientes al Consejo de Rectores y las privadas, existentes desde 1981.

Tomando en consideración el fallo, durante la discusión del Presupuesto se decidió profundizar sobre los alcances de este, estimándose que no podía acotarse sólo a la gratuidad, sino que también al sistema de becas.

¿Cómo entender, desde el punto de vista de la igualdad ante la ley (artículo 19 número 2 de la Constitución), que un estudiante de Arquitectura de una universidad del CRUCh con tres años de acreditación recibe $2.012.824 anuales por la Beca Bicentenario, mientras un estudiante que asiste a una privada con cinco años de acreditación reciba sólo $1.150.000 anuales por ayuda del Estado (Beca Juan Gómez Millas)? ¿O en el caso de Medicina, quizá uno de los más emblemáticos de esta discriminación, donde la beca que reciben, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Antofagasta (cuatro años de acreditación) es cerca de un 300% superior a la de un estudiante de la Universidad de los Andes (cinco años de acreditación)?

Este es el tipo de discriminaciones que ya no se tolerarán en el sistema de educación superior chileno, permitiendo que para el próximo año 3 mil 500 estudiantes que se matriculen en instituciones no pertenecientes al CRUCh puedan postular a la Beca Bicentenario y donde los únicos criterios de selección sean la vulnerabilidad, el rendimiento académico de los estudiantes y la calidad de la institución. Cupos que para el año 2019 se igualarán con los disponibles para las universidades del Consejo de Rectores, terminando con la discriminación histórica del sistema.

Con todo, en un debate con una fuerte carga ideológica, se pone fin a la discriminación arbitraria que un grupo de personas ha intentado defender durante décadas. Discriminación que tenía por objeto privilegiar a ciertas instituciones por sobre otras, comprendiendo que de esta forma podría construirse la superestructura necesaria para que universidades públicas y estatales hegemonizaran el desarrollo intelectual del país.

En palabras de Gramsci, “la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”.

Lo anterior no debe ser considerado un logro de la oposición ni de un grupo específico de instituciones, este es un triunfo para los estudiantes, quienes podrán elegir donde estudiar sin que esta decisión esté afectada por una mayor o menor ayuda del Estado.

Comienza así la contra reforma. En efecto, en lo que se refiere a las ayudas estudiantiles de educación superior, la Ley de Presupuesto 2017 implica terminar con los estudiantes de primera y segunda categoría según dónde elijan estudiar. El trato igualitario que el Estado debe garantizar a las personas constituye una conquista respecto de la cual no debería haber vuelta atrás. La contra reforma llegó para quedarse.

*El autor es cientista político y asesor comisión de educación Fundación Jaime Guzmán (FJG).

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