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2016: el año en que la corrupción empezó a ser castigada en América Latina

logotipo de Pulso Pulso 24-12-2016 EFE

La corrupción política dejó de ser impune en la región este año, según refleja una serie de procesos judiciales que mercaron el año, en algunos casos derribando gobiernos y hasta poniendo a varios ex mandatarios tras las rejas.

Según señala el abogado peruano José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, la denominada Gran Corrupción –cometida por personas con poder económico o político– “está experimentando cambios interesantes en América Latina, donde hasta hace muy poco la regla era que este tipo de delitos permanecían impunes”.

Ugaz sentó las bases de los procesos abiertos cuando abrió una investigación contra el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, que terminó en una sentencia de 25 años de prisión. Este juicio, dice, “fue el inicio de una serie de casos en los que los perpetradores de Gran Corrupción empiezan a enfrentar las consecuencias legales de sus actos”.

Durante este año, el caso más estacado fue el de Brasil, en que la ex presidenta, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo por gestión dolosa de las finanzas públicas, a raíz de un escándalo de corrupción ligado a la estatal Petrobras.

Su padrino político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, también se ve actualmente envuelto en una persecución judicial, enfrentando dos juicios por corrupción en los que es acusado de recibir pagos y favores de grandes compañías constructoras, y uno por supuestamente haber tratado de callar a un testigo que lo apunta como uno de los cabecillas de la red que saqueó Petrobras.

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Además, el ex presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca –mejor conocido como Tony Saca–, fue encarcelado, a la espera de un juicio por peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero; y en Guatemala, el ex presidente Otto Pérez Molina y la que fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, enfrentan un juicio bajo sospecha de saqueo del Estado.

Cristina Fernández,  ex mandataria argentina, fue procesada en 2016 por supuesto perjuicio al Estado, en una causa en que se investigan presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su administración.

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