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Abogados cuestionan exigencia de ministro de Economía en caso Pañales

logotipo de Pulso Pulso 04-01-2017 L. Cárdenas / L. Aravena

El pasado jueves 17 de noviembre en el Hotel W, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal en el marco de la conmemoración del Día de la Libre Competencia lanzó un discurso que hasta hoy es recordado entre abogados litigantes y expertos sobre la materia.

Ese día en primera fila se encontraba la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. En la ceremonia el persecutor hizo un especial reconocimiento al gobierno, que a través del Secretario de Estado “planificó cuidadosamente la tramitación” de la ley que penalizó la colusión y remató: “intentaremos aplicar la misma receta -la del rigor- para implementar la nueva ley”. Hoy esa relación compacta parece no ser tal.

Esto luego que el titular de la cartera -a través de un comunicado-, hiciera público su malestar con el fiscal debido al archivo por prescripción del caso Pañales. Más aún cuando la propia CMPC a través de una delación compensación admitiera prácticas coordinadas con Kimberly-Clark.

En su declaración pública, el ministro de Economía sostuvo que dada “la gravedad de los hechos” resolvió requerir al fiscal económico para “dar a conocer todos los antecedentes relativos a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional Económica en este caso”.

La frase es mirada con recelo entre abogados especialistas en libre competencia.

Luis Cordero, socio de FerradaNehme, sostiene que desde el Ministerio de Economía olvidaron “un detalle”.

“El Ministerio de Economía puede tener toda la voluntad, pero la orden que le ha emitido al fiscal económico, no es algo que sea vinculante. Esto es por la naturaleza autónoma de la Fiscalía Económica”. En estricto rigor y tal como señala el artículo 33° del Decreto Ley 211, la FNE es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De hecho la normativa establece que éste será un órgano “independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supe vigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía”.

Más aún. Una de las garantías que entrega el sistema en Chile es que aquel que lo nombra no tenga atribuciones de remoción. 

“Me llamó la atención que el Ministerio de Economía esté pidiendo ‘rendir cuentas’  a un órgano que es y debe ser independiente. La independencia de la FNE hay que cuidarla”, dijo el socio de Prieto y Cia, Benjamín Grebe. 

Visión similar planteó el abogado de Isabel Díaz & Asociados, Cristián Reyes: “el ministro de Economía no tiene la facultad para pedir aquello. La Ley no distingue a quién entregar o no entregar los antecedentes de una colusión”.

“Como cualquier ciudadano, el Ministro de Economía puede pedir que se revelen los antecedentes de una investigación, pero no materias confidenciales que puedan afectar el desenvolvimiento competitivo de alguno de los actores involucrados”, complementó Tomás Menchaca, ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

A LA ESPERA

Tras el abierto cuestionamiento del Ministerio de Economía al actuar de la FNE, desde la cartera aseguraron ayer estar a la espera de la respuesta más acabada que pueda dar el fiscal sobre las solicitudes realizadas por la cartera respecto de dar a conocer todos los antecedentes relativos a la investigación llevada a cabo en este caso. Resaltaron, no obstante, que eso siempre respetando el derecho de reserva de determinada información y de autonomía que tiene la FNE. Asimismo, se encuentran a la espera de  que inicie el estudio en detalle sobre el mercado sanitario, que comprende pañales, protección femenina y toallas húmedas, de forma tal de determinar su evolución competitiva.

Precisaron que estarían atentos a la exposición del fiscal (ayer) ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y del Senado (hoy). 

Más allá de lo ocurrido, expertos ven poco probable que el fiscal deje su cargo. El DL 211 establece que persecutor  cesará en sus funciones por las siguientes causales: el término del período legal de su designación; renuncia voluntaria aceptada por el Presidente; destitución por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones e incapacidad.

Para que se inicie el proceso de salida del fiscal, se necesitaría que el ministro de Economía inicie un proceso de remoción, cuestión que aparentemente no existiría causal para hacerlo.

Fuentes consultadas reiteran que este hecho no ocurriría debido a la cercanía que existe entre el gobierno y el actual fiscal. Muestra de aquello es que la actual administración lo ratificó en su cargo.

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