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Acerca del Fondo de Infraestructura

logotipo de Pulso Pulso 21-09-2016

El fondo de Infraestructura (FI) ha sido una de las iniciativas de Gobierno mejor valoradas en el último tiempo, a pesar de no existir mucha claridad acerca de su contenido y de las formas que este asumirá. Su sola propuesta ha despertado el interés de inversionistas de diferente procedencia para ver de qué manera este instrumento ayudará a incentivar la asociación entre el sector público y el privado para llevar a cabo proyectos de inversión hoy postergados por su complejidad, horizonte de retorno o falta de convicción.

Es evidente que Chile requiere seguir invirtiendo en infraestructura y los proyectos a los que debe abocarse son cada vez más complejos, lo cual complica el financiamiento a través de los instrumentos de los que hoy dispone el mercado. Es por ello que como CPI le hemos propuesto al Gobierno crear este FI (marzo de 2014) para profundizar el mercado financiero y así poder abordar proyectos de infraestructura de nueva generación a través de la asociación pública privada. Y es a partir de esta propuesta que el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley que ha enviado al Parlamento, cuya discusión esperamos que se lleve a cabo lo antes posible.

El FI tiene un principio muy simple. Nos parece que luego del gran esfuerzo que ha hecho el país por mejorar sus activos públicos a través de un profundo proceso de asociación público privado, a partir de la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública del MOP, existen hoy las condiciones para que ese mismo esfuerzo sirva para crear más y mejor infraestructura.

La idea básica que se le ha propuesto al Gobierno es que, manteniendo el nivel de servicios que hoy otorgan esas inversiones (adecuado a las condiciones actuales) a sus usuarios y, por lo tanto, manteniendo la tarifa que estos pagan por su uso, el excedente que se pueda generar al relicitar esos servicios para un segundo contrato de concesión (al igual como se hizo con el aeropuerto de Santiago) se destine a constituir un fondo de garantía para posibilitar el financiamiento, a través del mercado, de proyectos de inversión en nueva infraestructura para servicios de naturaleza más compleja.

La forma que adopte esta garantía deberá ser tal que no afecte la regla de equilibrio estructural que asegura un sano manejo de las finanzas públicas. En la medida que el activo del FI esté constituido por los “derechos que el Estado” tiene sobre los recursos excedentarios que se generarán como consecuencia de las licitaciones para un segundo o tercer contrato de concesiones de servicios conocidos, esto debería poder cumplirse.

Para que esto tenga sentido es necesario contar con una cartera de proyectos que sean de relevancia para el desarrollo nacional, cuya concreción no se justifica a través de inversión pública en momentos de escasez y se puedan estructurar para generar formas de asociación entre el Estado de Chile e inversionistas privados.

Entre estos se puede mencionar el Puerto de Gran Escala, el desarrollo de servicios ferroviarios de carga y pasajeros, servicios de Metro en Santiago y en algunas regiones que cuenten con la densidad suficiente, pasos fronterizos que transformen la cordillera de ser una barrera con nuestros vecinos en un puente, una segunda vía de alto estándar que una el país de norte a sur, una política de concesiones urbanas para ordenar el transporte privado en las principales ciudades de Chile, la infraestructura necesaria para dotar al transporte público de superficie de mejores condiciones de servicialidad, entre otros.

Para este efecto será fundamental contar con una política tarifaria de obras de infraestructura conocida y aceptada socialmente, que permita recuperar la inversión, asegure la mantención y la adecuación de los servicios de acuerdo con la evolución de la demanda, asegurar una debida distribución de la demanda entre servicios equivalentes o de modos alternativos, que se haga cargo de las externalidades y del grado de satisfacción de los usuarios. El principio que debe inspirar una política tarifaria en obras públicas concesionadas es “el que usa paga”, fundamentalmente por sus características redistributivas en sus diferentes acepciones: ingreso, territorial, intergeneracional.

El Fondo de Infraestructura deberá asegurar el apoyo a inversiones que tengan una alta posibilidad de ser exitosas, para lo cual será necesario que cuente con un equipo técnico de alta calidad y con un gobierno corporativo que asegure la continuidad de sus propuestas más allá de las contingencias políticas, muy similar a lo que se ha logrado con el Banco Central. Su fortaleza institucional y su alta credibilidad permiten mirar esta opción con mucha confianza.

Como CPI estamos seguros que una iniciativa de esta naturaleza contará con un gran respaldo y se constituirá en un hecho relevante para dotar al país de la infraestructura que requiere para asegurar un salto relevante hacia el desarrollo. Esperamos que la discusión, aún pendiente en el Parlamento, se inicie a la mayor brevedad.

*El autor es secretario ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). www.infraestructurapublica.cl

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