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Ajustado escenario fiscal espera al próximo Gobierno: sólo podrá mover $1 de cada $4

logotipo de Pulso Pulso 12-10-2016 Miriam Leiva P.

Valparaíso- Una dura sesión tuvo el director de Presupuestos, Sergio Granados, en la Primera Subcomisión donde asistió ayer para profundizar el informe de Finanzas Públicas.

Le esperaban una batería de preguntas relacionadas con las holguras, con la evolución de la deuda, con el cumplimiento del balance estructural, con las proyecciones, etc. 

La autoridad respondió abiertamente cuándo se le consultó cómo un gobierno puede revertir la trayectoria de un alto gasto público que conlleva mayor déficit y por ende más deuda, para ir convergiendo con la regla de balance estructural. “Siendo muy transparente: si queremos converger necesitamos aplanar más algunas metas de algunos programas no condicionados por ley. Hay un cuarto de los gastos del gobierno que no están regulados por leyes permanentes, es decir, que tienen algo de flexibilidad y por ende pueden ser parte de la decisión de cualquier gobierno”, explicó.

En términos simples, estaba asumiendo que sólo $1 de cada $4 de gasto del sector público, puede ser cambiado por una nueva administración, los otros $3 ya están comprometidos en diversas leyes.

De hecho, indicó que este Gobierno por ejemplo en 2015 gradualizó la meta de construcción de salas cuna, y que este año estabilizó el compromiso de los hospitales públicos, quedando en 20 terminados al fin del mandato y 20 en etapa de construcción; y también rebajó la meta de construcción de recintos deportivos, “todo para reducir gasto ajustado a la meta del programa y al cuatrienio. Se hizo un esfuerzo enorme”. 

Sobre los pasos que puede seguir otra administración, mencionó que se puede recortar el Programa Más Capaz y cambiar la meta de 350 mil capacitaciones por esta vía, “también se puede preguntar si continuar con el programa estadio seguro, o con las 64 comunas de plan de seguridad ciudadana”. 

Incluso admitió que este gobierno podría ajustar la línea de gastos para 2018: “es probable que se presente un presupuesto compatible con la meta, y ahí se deberá tomar la decisión de detener programas o no seguir con la tramitación de algunos proyectos de ley”.

Evaluaciones. También se le consultó por la lista de programas que se podrán evaluar en el próximo presupuesto. Explicó que los criterios a utilizar serán aquellos programas que ya han sido evaluados y no han cumplido sus compromisos, y aquellos que aún no han pasado por este proceso de consultores externos.

“Nuestra meta es poder evaluar 27 programas el próximo año”, acotó. 

Fondo de Pensiones

Otra de las consultas se refirió al Fondo de Reserva de Pensiones (FPR), que la autoridad anticipó que utilizará el próximo año atendiendo que la ley permite empezar a desembolsar recursos.

“Se está proponiendo utilizar US$280 millones, que equivale al porcentaje que permite la ley con límite en el año base”, recalcó.

También comentó que en 2016 se utilizará el sistema de endeudamiento para realizar el aporte que según ley se  debe hacer todos los años al FPR, en reemplazo del Fondo Económico y Social (FEES). “Ello con la intención de no seguir reduciendo los recursos que tiene el fondo soberano”, explicó. 

Reasignaciones

Otro tema que ocupó el debate fue el grado de flexibilidad que tiene la autoridad para realizar algunas reasignaciones, como por ejemplo cuando se desviaron fondos desde seguridad ciudadana al proceso constituyente. 

El ambiente se tensó con la respuesta de Granados que señaló que si una repartición solicitaba recursos, la Dipres debía entregárselos si están las condiciones para ello. El senador Juan Antonio Coloma (UDI) reclamaba por que no se informó al Congreso en su debido momento y porque el Ejecutivo tenia tantas atribuciones para mover el erario aprobado. “Al final la flexibilidad parte del principio de que el Gobierno puede hacer cualquier cosa, aunque el Congreso haya aprobado otra”, indicó el parlamentario. 

Granados explicó que sólo en aquellas partidas donde hay glosas específicas que impiden la reasignación o el aumento de los montos aprobados, el Ejecutivo no puede movilizar recursos.

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