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Cambio climático y políticas públicas

logotipo de Pulso Pulso 21-12-2016

En temas de cambio climático, Chile ha tenido en el tiempo una verdadera política de Estado, en la que los sucesivos gobiernos han logrado posicionar al país en el contexto internacional como una voz relevante en esta materia. Uno de los hitos de dicho proceso fue la COP 21, que terminó con el denominado Acuerdo de París, y en el que Chile presentó su Contribución Nacional Determinada, por la cual se comprometió a reducir en un 30% sus emisiones de carbono por unidad de PIB para el año 2030, con respecto al nivel alcanzado en 2007. Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales, el compromiso podría llegar a una reducción entre un 35% a 45% respecto al mismo año base (2007).

Uno de los elementos clave que permitió llegar a esta contribución lo constituyó el proyecto MAPS Chile, el cual se formuló en la administración del Presidente Piñera, y cuyo objeto fue el de generar la evidencia necesaria para proyectar las emisiones de Chile y las opciones de mitigación, a través de un proceso de investigación y participación.

Aun cuando todavía está pendiente la ratificación de Chile, el Acuerdo de París ya entró en vigencia el 4 de noviembre, al cumplirse los requisitos de que al menos sea ratificado por 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Lo anterior es sumamente relevante, ya que ello significa que el Acuerdo de París requiere ser cumplido de acuerdo con los compromisos que cada país asumió. A diferencia del Protocolo de Kioto, en que solamente los países desarrollados contrajeron obligaciones de reducción, ahora también los países en vías de desarrollo, como Chile, asumieron dichos compromisos.

Recientemente terminó la COP 22 sobre Cambio Climático en Marrakech, ocasión propicia para que Chile no sólo mostrara el status de la ratificación del Acuerdo de París, sino que también para explicar cuáles van a ser sus políticas públicas concretas en esta materia. Sin embargo, nada de ello ocurrió. La Presidenta Bachelet mencionó en forma muy genérica la forma en que nuestro país encarará este desafío.

Cabe por tanto preguntarse cuál es esa estrategia baja en carbono a la luz de las políticas públicas, o sea, cuáles serán las reglas bajo las cuales los emisores de carbono tendrán que reducir sus emisiones. Y ello teniendo en cuenta, además, la urgente necesidad que tenemos como país de volver a acelerar la tasa de crecimiento de nuestra economía, que debe a lo menos duplicarse si queremos que el objetivo de alcanzar el desarrollo no sea más que una quimera. Además, hay que recordar que los compromisos de Chile están supeditados al crecimiento económico.

El gran problema es que no existen tales reglas. ¿Cuáles serán las industrias que tendrán que reducir sus emisiones? ¿En cuánto tiempo? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Qué instrumentos de gestión ambiental se utilizarán? ¿Instrumentos de comando y control, instrumentos económicos o ambos? ¿Se reconocerán los esfuerzos previos y la posibilidad de reducción de acuerdo con la tecnología? ¿Se reconocerá a los gases de efecto invernadero como contaminantes de acuerdo con nuestra legislación? Y finalmente, ¿existe una institucionalidad dentro del Estado que permita llevar adelante estas políticas públicas? A este respecto, recordemos que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no tiene atribuciones específicas en materia de cambio climático, pese a su informal cambio de nombre, no traducido en la ley, a Consejo de Ministros para la Sustentabilidad “y Cambio Climático”.

Todo lo anterior requiere, urgentemente, de una discusión profunda de políticas públicas que vaya más allá de lo señalado en el anteproyecto del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, el cual fue sometido recientemente a consulta pública, pero que no profundiza en estos aspectos. Parte de esa discusión tiene que ver con los instrumentos de gestión ambiental del tipo económicos que permitan concretar el principio de la eficiencia ambiental, esto es, obtener la mayor ganancia ambiental al menor costo posible, así como el análisis de los co-beneficios que implica la reducción de las emisiones de carbono en relación con los contaminantes locales, lo cual hace que la reducción sea más eficiente.

Además, se requiere generar las directrices y reglas generales que le permitan al país poder cumplir sus compromisos y llevar adelante así un desarrollo bajo en carbono, enmarcado en la estrategia de crecimiento verde que el país adoptó en el Gobierno anterior. Por otra parte, se requiere revisar la institucionalidad que implemente estos instrumentos de gestión ambiental. Dicha institucionalidad debería corresponder al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, verdadero foro intersectorial que incluye a ministerios de protección y producción, y que permite que las políticas públicas compatibilicen criterios de desarrollo y protección ambiental. Mucho todavía que hacer y muy poca claridad gubernamental a este respecto.

*Ricardo Irarrázabal Sánchez es socio Arteaga Gorziglia Abogados y profesor Derecho UC (rirarrazabal@agycia.cl // @rirarrazabal_) y Gonzalo Blumel MacIver es director ejecutivo Fundación Avanza Chile (@gblumel).

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