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Caso Cascada y delitos de "cuello y corbata"

logotipo de Pulso Pulso 17-10-2016

En septiembre del año 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) divulgó su resolución final en el denominado Caso Cascada. En ella sancionó a ocho personas y a la corredora Larraín Vial a pagar multas por unos US$164 millones, al infringir las leyes de mercado de valores y sociedades anónimas por actuaciones y operaciones bursátiles irregulares, realizadas entre septiembre de 2010 y 2011.

Uno de los principales acusados y sancionados por la SVS fue el empresario Julio Ponce Lerou, presidente de la minera no metálica SQM desde 1987 y controlador de las sociedades cascada. La razón: haber sido el ideólogo de un esquema coordinado de operaciones para transar acciones de Oro Blanco y Calichera que lo beneficiaron a él y a otras personas.

El esquema consistía en vender-a firmas relacionadas o vinculadas- títulos por debajo del precio de mercado, para luego recomprarlos, usando la cascada, a valores más altos. Este mecanismo, según la SVS, le permitió a Ponce ganar UF3.125.000 (US$128 millones). La SVS lo multó con US$70 millones.

Uno de los sancionados, quien según la SVS habría obtenido ganancias ascendentes a los US$128.000.000 entre los años 2009 y 2011, en pleno ejercicio de sus derechos recurrió a los tribunales ordinarios. Así, abrió la instancia y recurrió de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la multa que la SVS le aplicó a su respecto, y que ascendió a UF550.000.

El 26 de septiembre de 2016 el Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente por siete votos a favor y tres en contra el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado, a raíz de las multas aplicadas por la SVS. En el fallo se resalta que los ministros del TC consideraron que la norma legal que establece la sanción es “constitucionalmente reprochable por falta de determinación o precisión”, algo que es opinable.

En este sentido, la sentencia señaló que “la metodología de cálculo de la multa establecida en el artículo 19 inciso primero, produce un resultado inconstitucional, en tanto no se respeta el principio de proporcionalidad de las sanciones y no cumple los estándares de graduación”, sostuvo el TC.

En relación con la declaración de inaplicabilidad por parte del Tribunal Constitucional, no se podrá sancionar económicamente a quienes aparecen como responsables del Caso Cascada de forma “ejemplarizadora”, tal como lo permite la actual normativa, dejando en la impunidad los delitos denominados de “cuello y corbata”.

Respeto, pero no comparto los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que permitió rebajar la multa que aplicó la SVS, que ascendía a UF550.000, dejándola en tan sólo UF15.000.

Contrariamente a lo que señala la sentencia del Tribunal Constitucional, estimo que la SVS actuó apegada a Derecho, ya que dicha superintendencia posee potestades y facultades que le permiten aplicar este tipo de sanciones, en la forma y montos señalados en la propia ley.

La sanción que permite que la SVS aplique multas por un monto de hasta un 30% de lo obtenido de forma irregular, fue aprobada con votos de todos los sectores políticos con representación parlamentaria, lo que encarna -en virtud de la democracia representativa- la opinión mayoritaria de chilenas y chilenos.

En este contexto, adhiero completamente al voto de minoría que se expresa en la sentencia, el cual estaba en la posición de no declarar la inaplicabilidad de inconstitucionalidad, justamente porque esas sanciones fueron establecidas por el legislador, y su aplicación no afecta en lo más mínimo a algún derecho fundamental.

Lo preocupante de esta sentencia es el negativo precedente que deja asentado. Es cierto que las sentencias del Tribunal Constitucional no gozan de imperio, pero pueden causar el efecto en nuestros reguladores y en los tribunales ordinarios de justicia, de inhibirse de aplicar multas ejemplarizadoras.

A raíz de este hecho, junto a otros senadores estamos trabajando en un proyecto de ley para permitir que este tipo de situaciones sean sancionadas de manera firme y adecuada.

No queremos que se invoquen tecnicismos o teorías jurídicas que la doctrina -nacional y extranjera- no han aceptado y que, en este caso, permitieron la “invalidación” de una sanción, rebajándola a niveles irrisorios en relación con las ganancias obtenidas, al perjuicio ocasionado y al daño efectuado a la fe pública. En esta ocasión, con esta impunidad sólo se ha beneficiado a quienes realizan los denominados y dañinos delitos de “cuello y corbata”.

*La autora es senadora y presidenta PS Chile.

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