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Chile organiza evento sobre protección de datos personales, pese a retraso en la ley

logotipo de Pulso Pulso 26-12-2016 Lucy Aravena L.

En junio de 2017, Chile será sede del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, a pesar de que el país cuenta con una legislación atrasada en la materia que data de 1999. 

¿Por qué Chile? En agosto pasado, Uruguay conmemoró el octavo aniversario de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales con un encuentro internacional que contó con la presencia del Consejo Para la Transparencia. En dicho encuentro, se acordó que Chile será sede del próximo encuentro iberoamericano en la materia, el cual estará organizado por el Consejo Para la Transparencia en coordinación con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. “Ser los elegidos para organizar este encuentro representa un hito considerando, además, que todavía no contamos con una normativa actualizada”, afirma el presidente del Consejo Para la Transparencia, José Luis Santa María.

El evento congregará a los principales representantes de los organismos encargados de la protección de datos personales de toda Iberoamérica, lo que a juicio de Santa María, servirá para dar una mayor prioridad a este desafío pendiente como país.

“Tenemos la convicción que los análisis y debates que allí se produzcan, generarán un escenario perfecto para discutir los alcances y detalles de la nueva norma que requiere Chile”, recalca.

Retraso de la norma. La ley N° 19.628 que regula la protección de datos en Chile existe desde 1999. El Gobierno ha comprometido en reiteradas oportunidades el envío de un proyecto de ley que modernice la legislación en la materia. De hecho, la ex subsecretaria de Economía, Katia Trusich, trabajó durante 2014 en la elaboración de un anteproyecto de ley que quedó casi listo para ser remitido al Congreso a inicios de 2015, pero ‘la mano’ de Hacienda conjugado al momento de estrechez fiscal que atraviesa el país llevó a desecharlo, porque creaba una institucionalidad demasiado costosa. Así, la elaboración del texto legal pasó a ser coordinada por Teatinos 120 desde principios de este año.  

Pese a las reiteradas postergaciones, el envío del proyecto de ley urge. Esto debido a que Chile, cuando se integró como miembro a la OCDE en 2010, se comprometió a adecuar su normativa a los estándares mundiales, entre ella, la relacionada a la protección de datos, que justamente es el único compromiso pendiente con el organismo internacional.

A inicios de este mes, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, ratificó el envío del proyecto de ley en enero al Congreso. Al respecto, Santa María valora que sea pronto, porque “cada vez quedamos más rezagados respecto a la realidad internacional. Por ejemplo, la Unión Europea ya actualizó su reglamento general de protección de datos en abril de este año, lo que nos deja en una posición aún más desventajada”.

 Micco también adelantó que el texto legal contempla la creación de una institucionalidad pública que asumirá los desafíos regulatorios y de fiscalización del manejo de la base de datos tanto del sector privado como del sector público. Al respecto, el presidente del Consejo  estima que “esa es la mejor alternativa, pues hoy en día los datos personales son recogidos tanto por entidades públicas como por empresas y organizaciones privadas. En ese sentido, es muy relevante que el organismo que finalmente se haga cargo de la fiscalización y aplicación de la norma tenga un campo de acción amplio”.

Santa María también señala  en relación a la creación de la nueva institucionalidad, que existe consenso internacional acerca de la necesidad de contar con una entidad regulatoria y de fiscalización que vele por esta materia y que cumpla con estándares de autonomía. “En muchos países, el organismo encargado de dicha misión es también la institución facultada de velar por el acceso a la información pública”, que en el caso chileno es el Consejo Para la Transparencia. De hecho, la entidad propuso hace un tiempo al Gobierno quedar con la doble tuición del acceso a la información y la protección de datos en el país, pero la propuesta no habría tenido eco dentro del Ejecutivo.

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