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Chile y cinco países en alerta por el revocatorio de Venezuela

logotipo de Pulso Pulso 30-09-2016 Reuters

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú expresaron ayer su preocupación por recientes medidas adoptadas por el consejo electoral de Venezuela, que apuntan a una postergación del referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro para el 2017.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la oposición en Venezuela debe recolectar en octubre las firmas de un 20% de los votantes de cada estado del país para activar un plebiscito contra Maduro, que adelantó demoraría en organizar hasta el año que viene.

En una declaración suscrita, los cancilleres de los países mencionados manifestaron su “preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela”.

“Entre otros aspectos, implica un método determinado para la recolección del 20 por ciento del padrón y que tiene el efecto de postergar la realización del referendo revocatorio hasta el 2017, afectando así el sentido de la consulta”, agregó el documento de los gobiernos firmantes.

La declaración se conoce luego de que a principios de esta semana la oposición en Venezuela convocara a una movilización nacional para el 12 de octubre, como parte de una nueva fase de protestas dirigida a presionar al árbitro electoral para que facilite la convocatoria al referéndum este año.

La oposición acusa al árbitro electoral de favorecer al Gobierno de Maduro con las condiciones que estableció, en momentos que sondeos muestran que el mandatario pierde apoyo popular en medio de una crisis económica, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación de tres dígitos.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú reiteraron su apoyo y disposición de contribuir para la realización de un diálogo entre el Gobierno de Maduro y los distintos actores políticos y sociales venezolanos.

Enfatizaron que a través del diálogo y entendimiento mutuo se puede “promover la estabilidad política, la recuperación económica y el pleno respeto a los derechos humanos”.

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