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Colombianos aprueban acuerdo de paz con las FARC, pero demandan justicia

logotipo de Pulso Pulso 26-08-2016 Leonardo Ruiz

Tras el anuncio del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y de las guerrillas de las FARC de la firma de paz definitiva, la gente en las calles de Medellín celebra el paso que busca poner fin a medio siglo de guerra. No obstante, en la ciudad polo de innovación y desarrollo de la que será esta nueva Colombia, muchos destacan que hasta ahora solo se ha establecido la negociación, y que falta la validación, junto con las demandas que aún tienen familiares de víctimas del conflicto.

“Me parece el colmo que el gobierno esté tratando con una guerrilla que tanta maldad ha hecho. Le están entregando el país a la gente más mala y también a los pobres soldados para que los sigan cuidando, cuando ellos los asesinaron sin piedad. Es ilógico”, cuenta un guardia de seguridad.

Asimismo, empiezan a surgir dudas en torno a la reforma tributaria que prepara Colombia, la que también está condicionada a la fecha final del acuerdo de paz, ya que los fondos recaudados irán para ayudar a la reconstrucción en el post conflicto. 

Xiomara, una ciudadana de Bogotá de visita en Medellín, opina que los últimos capítulos de la búsqueda de la paz son más bien políticos, apuntando a que el gran perdedor es el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien dará a conocer su posición sobre el acuerdo hoy viernes. “La gente no va a salir a celebrar. Eso ocurrirá cuando se vote el plebiscito, pero aun así, tampoco tienen gran porcentaje a favor del Sí en los sondeos”, declara.

Se necesitan 4,5 millones de votos para validar el proceso en el plebiscito que se realizará el 2 de octubre. Algunos colombianos creen que la fecha fue adelantada para no dilatar la aprobación de la reforma tributaria, ya que hubiese sido difícil para el gobierno aprobarla.

El acuerdo descrito en un texto de 297 páginas, cubre temas desde el acceso a la tierra para campesinos pobres, garantías para la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, lucha contra el narcotráfico, justicia, víctimas, desminado, fin del conflicto y la implementación de los pactos.

Por su parte, los empresarios se suman a las voces que piden que el trabajo público-privado y el rol del gobierno estén en sintonía con los retos que vienen en el país. Rafael Aubad, presidente de Proantioquia, fundación privada del sector que busca más competitividad e integración con la ciudadanía, menciona los desafíos y oportunidades que se abren para la nueva economía colombiana.

“Hay muchas ilusiones sobre los efectos económicos de la paz y Colombia ya ha capturado gran parte de ese bono económico, pero mientras no se ajusten las condiciones para que se amplíe el mercado interno, quizá tengamos más costos en el corto plazo que durante el conflicto mismo. Hemos planteado en muchos escenarios que la reasignación del gasto público es esencial. Gasto que ha sido para subsidios tiene ir para mejorar capacidades, invertir en productividad, en sectores como el agroindustrial que no ha tenido inversiones en bienes públicos como vías, o riego. Por eso la reasignación es más importante que la capacidad del gasto público”, asegura.

Adicionalmente, indica que “hay cosas que no se pueden hacer a diez años, sino a 20. La bonanza que tuvimos de commodities ya no existe y no volverá en muchos años. Las capacidades institucionales públicas de acompañar transformaciones tampoco han ido al ritmo de la modernización empresarial. Ahí hay una brecha que hace mucho ruido, en términos de la eficiencia burocrática pública”.

Foreign Affairs escribe en una nota sobre el temor de muchos colombianos respecto al acuerdo que está llevando a cabo el gobierno, cuestionando si acaso las FARC cumplirán con su acuerdo, destacando que algunos frentes han acumulado armas que no entregarán hasta pasada la primera etapa de desmantelamiento. También acusa que algunos combatientes podrán entregar su uniforme, pero ante el temor de perder sus ingresos por tráfico de drogas, podrían continuar con sus operaciones de modo clandestino.

Por último, otros que han manifestado resquemores son las mismas fuerzas armadas de Colombia. Y es que dejarán de percibir, dentro de un año aproximadamente, dinero y recursos que le entrega el gobierno por mantener su presencia en las zonas de conflicto. 


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