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Conflicto entre bolsas escala hasta la justicia con demanda por competencia desleal

logotipo de Pulso Pulso 14-04-2014 Enrique Elgueta

El conflicto que existe entre las bolsas de valores del país escaló hasta la justicia, luego de que el viernes pasado la Bolsa de Corredores de Valparaíso demandara a sus pares de Santiago (BCS) y a la plaza Electrónica (BEC) por “competencia desleal e indemnización de perjuicios”.

La génesis de la pugna data desde hace años, sin embargo ésta sumó nuevos ribetes luego de que un grupo de diputados recurriera a la Fiscalía Nacional Económica con el fin de que investigue un presunto abuso de posición dominante por parte de la plaza capitalina.

Según la Bolsa de Valparaíso, sus pares han mantenido sistemáticamente desde hace más de 22 años “conductas desleales y abusivas”. Primero, por la eliminación de las operaciones interbolsas en 1999, luego impidiendo que éstas se materialicen en 2002, para finalmente imponer “arbitrariamente” el cobro de peajes a las operaciones de arbitraje interbolsas. Esto, en un contexto en que se calcula que la BCS abarca cerca del 95% de toda la industria bursátil, mientras la mayor parte del resto lo abarca la BEC.

Todas “conductas que no obstante haber sido denunciadas, sancionadas y ordenado su remoción por los Tribunales de la Competencia y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se mantienen a la fecha en abierta infracción a las normas legales pertinentes”, según sostiene la Bolsa de Valparaíso en la demanda.

Esta entidad afirma que a través de dichas prácticas no sólo se le ha impedido acceder a un mercado bursátil unificado, equitativo, competitivo, ordenado y transparente, como lo dispone la ley, con el daño y perjuicio consecuente, sino además, “alterando y afectando el interés general de los inversionistas, a los que se les impide acceder a las mejores ofertas que efectivamente se encuentran disponibles en el mercado bursátil, es decir, al mejor precio de compra o venta de las acciones transadas, afectando además la transparencia y eficiencia del mercado”.

© PULSO

Si bien en esta disputa los dardos se han dirigido particularmente contra la Bolsa de Santiago, el hecho de que la demanda se extienda a la Bolsa Electrónica se explica porque, según fuentes de la industria bursátil conocedoras de la materia, esta entidad “en la práctica ha seguido la misma conducta que la Bolsa de Santiago”, aunque ha tenido un discurso en línea con Valparaíso.

Lo anterior, a pesar de que el año pasado la plaza electrónica entregó a la SVS un estudio del economista Alexander Galetovic, en el cual se planteaban prácticas anticompetitivas por parte de la Bolsa de Santiago.

FNE cita a presidentes de las bolsas. En paralelo al recurso judicial de la Bolsa de Valparaíso, la FNE -entidad que cumplirá cerca de dos años de investigación sobre el caso- citó a los presidentes de las bolsas para abordar el caso.

El llamado se hizo recientemente y se espera que hoy mismo recurra, al menos, uno de los representantes de estas tres bolsas a la FNE, mientras que el resto lo haría durante los próximos días.

Una de las últimas reuniones que tuvo dicha entidad fue con los diputados DC José Miguel Ortiz y Aldo Cornejo, quienes fueron los que acudieron a la FNE por el presunto abuso de posición dominante de la Bolsa de Santiago.

LA DEFENSA DE LA BCS
En enero de este año, José Antonio Martínez, gerente general de la BCS, enfrentó este asunto luego de que la BEC le presentara el informe de Galetovic a la SVS, el cual, según expuso entonces el ejecutivo, contiene “hipótesis que son erróneas, los argumentos son erróneos y las conclusiones son absolutamente erróneas. El propio superintendente de Valores (en ese entonces Fernando Coloma) ha señalado que el caso es mucho más complejo (...) Se trata de una simplificación completamente sesgada e interesada a lo que naturalmente son los deseos de la BEC”.

En la misma ocasión, Martínez manifestó: “La bolsa está segura y comprometida de actuar en estricto apego a las normas vigentes. Estoy seguro que no existe ninguna conducta de la bolsa que pueda ser determinada o calificada como contraria a la libre competencia”.

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