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Contraloría detecta 424 casos de posibles "jubilazos" en Gendarmería

logotipo de Pulso Pulso 10-01-2017 C. Arroyo / G. Piérola

Un total de 424 casos de eventuales jubilazos denunció la Contraloría en un nuevo informe de la División de Auditoría  Administrativa de la Unidad de Control de Personal, realizado en Gendarmería. 

Se trata de 52 funcionarios que de acuerdo con el órganismo, “no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos” al régimen Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) al no estar en la planta de la institución. Pero además, hay otros 372 funcionarios integrantes de las plantas de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares, adscritos a Dipreca, que desempeñan funciones en unidades que no poseen el carácter de Unidad Penal. En ambos casos se no cumple con lo dispuestos en la ley N’ 19.195 en que se establece como requisito para estar sujeto al régimen previsional de Carabineros, se debe pertenecer al personal de las plantas de oficiales y vigilantes penitenciarios de Gendermería de Chile o a las plantas de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares destinados en forma permanente a prestar servicios en una Unidad Penal. Es decir, se trata de funcionarios que debieran pensionarse por el sistema de AFP como el resto de los chilenos y no por uno de los reguimenes especiales de FF.AA. 

Al respecto, el supervisor fiscal solicitó a Gerndarmería "un análisis de la relación de servicio de cada funcionario, acreditando e informando documentadamente el cumplimento del requisito establecido en la normativa aplicable en la especie, y posteriormente proceder a comunicar a Dipreca sobre todas aquellas personas que lo incumplan", para lo cual cuentan con 60 días hábiles.

Además Contraloría dió cuenta de otros ocho ex funcionarios de Gendarmería que se acogieron a retiro en 2015 con pensiones que superan el límite de imponibilidad de UF60 ($ 1,4 millones). En estos casos, verificó también la concesión de "estipendios, en los meses precedentes a su retiro, que incidieron en la base de cálculo de las correspondientes pensiones". Por esto,  el organismo anunció el inicio de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades.

Más irregularidades

Además de pensiones millonarias fraudulentas, Contraloría detectó la existencia de otras irregularidades como la el reconocimiento por parte de Gendarmería de unidades penales cuya creación no pudo acreditarse. Tal es el caso del Centro de Apoyo para la Integración Social y Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, "por lo que corresponde que los servidores destinados a esas reparticiones no sean incorporados a Dipreca pues no cumplirían con uno de los requisitos del artículo 1° de la Ley 19.195 sobre pertenecer a una Unidad Penal".

También se constató que en los años 2015 y 2016, en algunos recintos penales con numero excesivo de gendarmes en relación al numero de reos. "Siendo el promedio nacional de 9,3 reclusos por cada Gendarme, en la Región de Los Ríos, en la que se percibe un 15% de asignación de zona, el promedio es de 2.58 reclusos por gendarme, mientras que en la Región de Aysén el promedio es de 3,48 reclusos por gendarme, región en la que se otorga tanto la referida asignación de zona en un 105%, como la bonificación especial de zonas extremas", dispuesta por ley, detalla el informe. Al respecto,  agrega el organismo,  "Gendarmería deberá concluir y formalizar la "Política de traslado para el personal planta I y II que establece objetivos y fija procedimiento para el traslado de personal", lo que también deberá acreditar en 60 días hábiles, según precisa el documento.

Contraloría verificó además otras situaciones anómalas como que entre el último trimestre de 2015 y primer semestre de 2016, "no fue posible determinar el cumplimiento efectivo de la jornada de 44 horas semanales de parte de los funcionarios (...) sin que existiera por parte de la autoridad competente alguna observación que justificara las inasistencias". Tampoco se advirtieron registros de "permisos gremiales" otorgados, y se constató el caso de 51 funcionarios que en banner de transparencia activa figuran en la Región Metropolitana, pero que percibirían la asignación de zona y zona extrema; 26 funcionarios que no aparecen en dicho portal y 35 que están publicados como dotación de la Región Metropolitana, formando parte de una dirección regional. 

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