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Contribución justa a la ciudad

logotipo de Pulso Pulso 25-07-2016

La importancia de la vida urbana en Chile es innegable. Con casi el 90% de los chilenos viviendo en ciudades, cuando hablamos de ellas lo hacemos sobre economía y empleo, vida familiar, esparcimiento y cultura, equidad, integración social y bienestar. Resulta incomprensible, entonces, que nuestras ciudades sigan desarrollándose al margen de exigencias básicas de movilidad y espacios públicos que protejan la dignidad y la calidad de vida de las personas.

Sostenemos que para avanzar en esta dirección es vital aprobar el proyecto de ley de aportes al espacio público que se encuentra en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Su objetivo es vincular el desarrollo de proyectos inmobiliarios públicos o privados con la obligación de proteger la movilidad y asegurar la disponibilidad de espacios públicos indispensables, como consecuencia del aumento en densidad poblacional que provocan.

En la actualidad, solo una pequeña parte de los proyectos inmobiliarios debe hacerse cargo de resolver sus impactos viales. Lo hacen a través de los llamados estudios de impacto sobre el transporte urbano (Eistu). Quienes densifican creciendo en altura generan nuevas demandas sobre el espacio público que no son mitigadas.

El proyecto que defendemos exige a las iniciativas inmobiliarias, públicas y privadas, mitigar los impactos que generen en los espacios de circulación circundantes, ejecutando medidas relacionadas con la gestión del tránsito e infraestructura, de manera de no perjudicar el estándar de servicio existente. Del mismo modo, el proyecto busca preservar estándares adecuados de disponibilidad de áreas verdes y espacios de esparcimiento. Nos quejamos con razón de la escasez de plazas y parques y nos asusta la imagen de ciudades llenas de cemento y sin lugares donde compartir. Pues bien, para evitar que este fenómeno se agudice, los proyectos que densifiquen deberán, tal como que se exige a los urbanizadores en extensión, ceder suelo para estos fines o aportar recursos que permitan disponer de este.

La profundidad de estos cambios exige prudencia. Por eso y de manera expresa el proyecto exige que su reglamentación e implementación se sometan a los principios de predictibilidad, proporcionalidad, universalidad y gradualidad. El reglamento, de manera inédita, deberá ser sometido obligatoriamente a una consulta pública antes de su aprobación.

Sin ser suficiente frente a la magnitud de los desafíos que impone la vida urbana en Chile, este proyecto es un paso indispensable. Defendemos la importancia de establecer un nuevo trato entre quienes construyen proyectos inmobiliarios y quienes viven en ciudades, defendiendo la humanidad y habitabilidad de estas. Las ventajas que el país entrega a la inversión privada no pueden suponer el liberar a esta de la obligación de compensar los impactos que provoca. Tampoco se puede permitir al Estado intervenir sin consideración de estos impactos. Ha llegado la hora de contribuir en justicia al desarrollo de nuestras ciudades.

*Los autores son diputados Democracia Cristiana.

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