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Costo fiscal de gratuidad universitaria alcanzará a $1,3 billón a 2019

logotipo de Pulso Pulso 11-11-2016 Carlos Alonso

El realismo sin renuncia que impulsó el Gobierno para adecuar el cumplimiento de las reformas -como la gratuidad para la educación superior - al escenario de menores recursos fue refrendada en el informe que ayer publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) “Reforma a la Educación Superior: Financiamiento actual y Proyecciones”. En este documento, se explicita que el gasto total fiscal para la gratuidad equivale a $1,3 billón (millones de millones), lo que equivale a unos US$2.090 millones al 2019, Ahora bien, para dicho año, el gasto fiscal incremental es de $607.600 millones para ese año en relación a lo gastado en 2016. Para 2018, en tanto, el costo asciende a $324.905 millones y para 2017, el gasto llega a $202.718 millones.

De acuerdo a la Dipres, este financiamiento institucional para la gratuidad para cada entidad de educación superior se calcula a partir de la suma del arancel regulado y derechos básicos de matrícula multiplicada por el número de alumnos, para cada uno de los grupos de carrera de una institución. 

Asimismo, la Dipres explicó que para la determinación de los costos de financiamiento público de educación superior, se considera, en primer lugar, el costo del financiamiento institucional por la gratuidad obtenida. A este costo por concepto de arancel y derechos básicos de matrícula, se le agrega el costo por concepto de beca de mantención para la educación superior, que se le asigna a los estudiantes de los seis primeros deciles que obtienen gratuidad.

Gratuidad y desarrollo

En el reporte, la Dipres ahondó en el estado de desarrollo que tienen los países que aplican una política de gratuidad universitaria. En ese contexto, muestra que “la mayor parte de los países en los que prevalecen sistemas que ofrecen acceso gratuito universal a la educación superior se encuentran en una fase de desarrollo más adelantada que Chile, lo que se refleja en un mayor nivel de ingresos fiscales como porcentaje del PIB”, afirma la Dipres. 

De acuerdo al reporte de la OCDE “Education at a Glance” de 2016, sólo en Dinamarca, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Turquía se verifica que al menos un 90% de los estudiantes acceden a la educación terciaria sin pagar aranceles. En otros países como Islandia, Noruega y República Checa, la cobertura de la gratuidad alcanza al menos un 80%. En todos estos países registraron en 2015 ingresos fiscales por al menos un 36% del PIB-la mayoría supera el 40%-, mientras en Chile el mismo indicador fue de un 23,5%.

Así, el informe enfatiza que “existe una evidente correlación entre la aplicación de políticas de gratuidad en educación superior y los ingresos fiscales percibidos”. Por lo que “la brecha fiscal entre Chile y los países con cargas tributarias manifiestamente mayores deben ser consideradas en el diseño de un sistema de gratuidad que requiere el uso de una cantidad importante de recursos públicos”.

En el caso de la Reforma en Educación Superior, puntualiza el reporte, el diseño está contemplado en la expansión gradual del financiamiento a los alumnos de los deciles de mayores ingresos, la que es condicional al aumento de los ingresos fiscales estructurales.

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