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Cotización extra de 5% emerge como foco de debate tributario y constitucional

logotipo de Pulso Pulso 18-08-2016 Juan Pablo Palacios

“El diablo está en los detalles”, fue la advertencia que se planteó durante el debate de la Reforma Tributaria ante el conflicto de inconstitucionalidad que habría tenido la polémica renta atribuida, mecanismo que luego fue reducido a su mínima expresión producto de un acuerdo político que tomó en consideración ese riesgo.

La lógica de ese planteamiento volvió a aparecer en las conversaciones que ha sostenido el Gobierno con actores políticos y privados para buscar un acuerdo que viabilice el aumento de cinco puntos en la cotización obligatoria, con cargo al empleador, para aumentar el ahorro y elevar las pensiones.

Aunque el anuncio tuvo poco detalle, la idea es llevar estas cotizaciones a un fondo de ahorro colectivo solidario y no a las cuentas individuales que gestionan las AFP.

La propuesta fue cuestionada por la oposición y alertó a algunos especialistas, quienes llamaron a tomar en cuenta la incertidumbre que podría generar esta medida.

“Es un impuesto al trabajo porque se plantea con cargo al empleador. Al hacerlo más gradual, va a ir impactando las remuneraciones. Es decir, al final lo van a terminar pagando compartidamente empleadores y trabajadores”, dice Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros del ESE, de la Universidad de los Andes, respecto del alza de 5% en la cotización previsional.

El debate sobre esta medida también ha escalado al plano jurídico. La abogada constitucionalista y ex senadora, Olga Feliú, es categórica en afirmar que el alza de cinco puntos en la cotización es un nuevo impuesto, que a la vez sería inconstitucional.

“Es un tributo, de todas maneras. De acuerdo a la Constitución, reviste esa calidad toda exacción que se imponga a las personas de manera obligatoria. Hay muchos fallos del Tribunal Constitucional en ese sentido, que servirían para declarar la inconstitucionalidad de esta medida”, advierte la también ex presidenta del Colegio de Abogados.

A juicio de Feliú, el aumento de la cotización que iría a un pilar solidario “es un tributo que está afecto a una finalidad determinada, que la Constitución prohíbe. Hay una norma de sanidad presupuestaria muy importante: los tributos no deben estar afectos a ninguna finalidad porque eso significaría que el legislador al aprobar el Presupuesto no puede considerar esos ingresos que ya fueron asignados”.

El director del Centro de Estudios Tributarios de la U. de Chile, Gonzalo Polanco, dice que “dependera de cómo lo plantee el Gobierno en un proyecto de ley” para evaluar si se trata de un tributo el alza en la cotización. De todos modos, advierte que “si el Gobierno plantea que estas cotizaciones adicionales van a tener un destino específico, como un fondo solidario, podrían ser un impuesto que sería inconstitucional”.

Polanco recomienda que “en la medida que se vincule el aporte a una cuenta de capitalización individual, no vamos a estar en presencia de un impuesto”.

Una visión distinta tiene Felipe Ecclefield, socio de Aguayo, Ecclefield y Martínez: “Ese 5% con cargo al empleador bajo ningún supuesto puede ser un impuesto. Uno paga tributos por sus ingresos, no por lo que gasta. Por el lado del empleador ese 5% va a tener que ser gasto aceptado, el cual va a poder rebajar de su renta líquida imponible y en definitiva, pagar menos impuestos. Por el lado del trabajador, se produce una cotización previsional que también está exenta de cualquier pago de impuestos”.

Según Ecclefield, sólo se podría generar un impuesto “si se establece que el 5% de cotización adicional tenga que ser agregado a la base imponible del impuesto de segunda categoría que paga el trabajador”.

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