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Cristi�n Vargas: "La experiencia con los delitos tributarios hace plausible que se mejore la autonom�a legal que tiene el SII"

logotipo de Pulso Pulso 18-11-2016 Pierina Bertoni

En 2015 el Servicio de Impuestos Internos (SII) vivió uno de sus años más intensos, luego de que el director del organismo, Michel Jorratt, saliera del Servicio acusando presiones políticas ante las querellas tributarias por financiamiento de la política. Quien se vio directamente involucrado en esos movimientos fue el subdirector jurídico del organismo, Cristián Vargas, que fue despedido de su cargo en pleno proceso de implementación de la Reforma Tributaria, y posteriormente demandó (y ganó) al SII por su desvinculación. Hoy es el director Tax & Legal de BDO, y desde ahí analiza la implementación de la Reforma Tributaria, y asegura que un próximo gobierno se deberá hacer cargo de cambios en el sistema impositivo actual.

¿Qué evaluación tiene del proceso de implementación de la Reforma Tributaria?

-Lo primero que uno tendría que decir es que en esta reforma tributaria se perdió la posibilidad de simplificar el sistema tributario chileno, que es complejo, que había evidenciado múltiples problemas, pero también tenía atributos. Hoy hay 4 regímenes tributarios, el semi integrado, el atribuido, el de renta presunta y hay otro régimen establecido en el 14 ter. Eso hace que la implementación sea difícil, porque siendo tan complejo (el sistema), la administración por parte del organismo fiscalizador -que debe interpretar las leyes tributarias y aplicarlas-, resulta también difícil. 

¿Ve posible que el próximo Gobierno haga cambios y desarme esta reforma tributaria?

-Sí, desde el punto de vista del mundo de los contribuyentes se observan críticas, esta no es una reforma que favorezca de manera suficiente el ahorro y la inversión por parte de las empresas. Frente a todas estas críticas que hay, parece inevitable que se hagan cambios y que un nuevo Gobierno asuma esa necesidad. 

Y frente a esa posibilidad de cambios, ¿cuál sería la receta?

-El propio sistema anterior a la reforma tenía bastantes virtudes también, no todo era desechable. Un régimen 100% integrado puede ser una buena opción, corrigiendo los problemas que presentaba el sistema anterior, pero creo que el sistema actual de un régimen semi integrado no parece ser conveniente.

¿Cree que el SII tiene las capacidades para realizar todas estas fiscalizaciones que se vienen?

-Creo que los recursos siempre son insuficientes, pero por lo mismo creo que el Servicio requiere de un cambio importante en el modelo de fiscalización. Cuando yo era subdirector del Servicio se pensó en impulsar cambios en el modelo de fiscalización para apuntar a una fiscalización más sustantiva y más eficiente, focalizada en sectores que presentan un mayor riesgo de incumplimiento tributario. El mayor riesgo que yo veo es que hay muchas actuaciones del SII de fiscalización que no están suficientemente fundamentadas, que presentan una legalidad precaria y eso es complicado, porque cuando el Servicio actúa así, dictando resoluciones que afectan al pago de impuestos o liquidaciones de impuestos que no están suficientemente fundadas, muchos contribuyentes ven eso como un actuar arbitrario y eso desprestigia al Servicio y también el sistema tributario.

Y lleva consigo una mayor judicialización...

-Además conlleva una mayor judicialización y ese es un problema grave, porque está la posibilidad o las instancias de que el Servicio revise los actos de fiscalización, pero esas instancias hay que fortalecerlas mucho más. Tengo el mayor respeto por los funcionarios del SII, trabajé 20 años ahí, pero hay malos incentivos internos, la forma en cómo está organizado el Servicio y la labor fiscalizadora, tal vez no genera buenos incentivos.

¿Cómo?

-Muchos de los fiscalizadores tienen que cumplir metas y en el cumplimiento de esas metas pueden cometer errores, a veces en la selección de casos.

¿Cómo evalúa el rol del SII en las querellas políticas?

-El SII se debe al cumplimiento de la ley y de sus funciones, el SII no puede perderse en que su función como servicio público y además como una entidad fiscalizadora que tiene autonomía legal en relación con el Gobierno, se debe al cumplimiento de la ley y al cumplimiento de sus funciones que es fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, interpretarlas y dentro de ese ámbito también tiene facultades para la persecución de delitos tributarios. La ley le entrega al SII la facultad exclusiva de decidir ejercer o no la acción penal en materia de delitos tributarios, es una facultad que tiene el director del SII, no hay otra autoridad del estado que tenga esa facultad. El SII no está para proteger a las autoridades políticas o quien sea, está para fiscalizarlos y ejercer sus facultades legales, entre ellas las de presentar querellas o denuncias cuando corresponda, fundadamente desde luego, no puede ser nunca arbitraria.

¿Vio muchas presiones en presentar tantas querellas? 

-El Servicio no debería considerar las presiones, presiones siempre pueden haber, otra cosas es las decisiones que se toman y ahí el director del SII y las autoridades del SII tienen que actuar en el rol que les corresponde y ese rol implica el respeto a las leyes y en eso no hay otras consideraciones, ni políticas ni de ningún otro orden. El SII no puede actuar por presiones ya sea para hacer algo o no, porque eso no es lo propio de un Estado de Derecho y de una República, sino ahí ya estamos en otra situación. Ese es el grave riesgo que presenta esto. No es una cuestión superficial este tema que se generó a raíz del SII y de las presiones que en su momento recibió para actuar de una u otra manera, o no actuar.

¿La autonomía que tiene el SII es suficiente?

-Creo que a la luz de estas situaciones y lo que evidenció esta experiencia de los últimos dos años en relación a los delitos tributarios, hace plausible que se revise, se mejore, la autonomía legal que tiene el SII.

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