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Debate por sanitarias parte mañana en el Senado y mercado ve baja de hasta 38,7% en Ebitda

logotipo de Pulso Pulso 03-01-2017 C. Valenzuela y M. Leiva

Un inicio de año activo tendrán las sanitarias del país, dados los movimientos que ya ha tenido el proyecto de ley -actualmente en segundo trámite legislativo- que busca modificar la normativa del sector.

Mañana miércoles la iniciativa comenzará a tramitarse en el Senado. Para las 12.30 horas, están citados a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Alta, el Ministro de la cartera, Alberto Undurraga, además del Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, para abordar las modificaciones a la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de planes de desarrollo por parte de los prestadores.

El proyecto, que sufrió cambios sustantivos durante su paso por la Cámara, incluye siete puntos claves, entre los que destaca eliminar el piso de 7% actual de la Tasa de Costo de Capital (TCC) y reducir el premio por riesgo a uno no menor a 1%, ni superior al 1,5%; a lo que se suma el alza de las multas, en proporción de 1 a 10 en la mayoría de los casos previstos en la ley actual. 

Los cambios introducidos han sido duramente criticados por las distintas empresas del sector, y hoy la iniciativa no cuenta con el apoyo del Gobierno. 

“Todas estas inversiones se han efectuado con la participación y apoyo de numerosos inversionistas, bancos y fondos de inversión chilenos y extranjeros, que han confiado en la estabilidad de las reglas del juego y en la seriedad de nuestro país. Sin embargo, los criterios propuestos impedirán proyectar nuevas inversiones, ya que harán extremadamente difícil obtener el financiamiento para estas obras”, informó Aguas Andinas, tras conocer los cambios que salieron de la Cámara Baja.

Ante esto, Alfonso De Urresti, el presidente de la comisión de Obras Públicas -donde se iniciará el trabajo legislativo esta semana-, respondió: “Es la clásica campaña del terror que las propias sanitarias levantan y que creo que hace muy mal al debate porque tenemos que generar una discusión de los distintos actores del mérito del proyecto. De ninguna manera, como presidente de la comisión (de Obras Públicas) me voy a dejar pautear por ese tipo de declaraciones que claramente son interesadas por un rubro que durante mucho tiempo han tenido altas utilidades en un sector con una legislación que los favorece enormemente”.

Los centros de pensamiento, también se han unido al debate. Un informe de Libertad y Desarrollo plantea que “las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, en su mayoría, parecen desconocer los principios de una buena regulación. En efecto, la discusión del proyecto carece de la profundidad técnica suficiente en cuanto al funcionamiento del mercado y los incentivos a tener en consideración ante la regulación tarifaria”.

Desde el think tank advierten de las graves consecuencias que traería en la inversión, en el caso de que el proyecto de ley se apruebe tal y como salió de la Cámara Baja, particularmente por las rebajas que propone a la rentabilidad de las empresas. “Quizás lo más grave, es que la TCC que fijaría la ley, de mantenerse lo aprobado en la Cámara de Diputados, podría significar una rentabilidad nula o incluso negativa para las inversiones de las empresas sanitarias, puesto que se les estaría reconociendo un costo de capital equivalente a la tasa con que se financia la propia banca en el mercado de capitales chileno, tasa que ciertamente es inferior a la que éstos financian a las empresas del sector”.

En tanto, sobre el alza de multas lo califica como “totalmente desproporcionado” y que dicho incremento carece de fundamento, desconociendo un reciente fallo del Tribunal Constitucional que dictaminó que cualquier multa debe establecerse en base a parámetros objetivos. “Cabe recordar que, si bien las multas elevadas generan un incentivo a mejorar la calidad del servicio y un desincentivo a incumplir con la normativa vigente, lo cierto es que se convierten en una contingencia muy onerosa que, en parte, se traduce en mayores costos de provisión del servicio, lo que termina golpeando las tarifas finales”.

Asimismo, el estudio refleja los riesgos de que cualquier territorio urbano adyacente a las actuales zonas operacionales de los prestadores sanitarios serán incorporadas a las áreas operacionales existentes cuando se trate de viviendas sociales del gobierno.

“Esta disposición es altamente gravosa pues no sólo obliga al prestador a entregar el servicio en áreas que no forman parte de su territorio operacional, sino que además no admite una evaluación previa de factibilidad técnica y económica. La modificación propuesta parece imponer una obligación sin garantizar la rentabilización de dicha inversión, lo que en un contexto de expansión de las áreas urbanas hacia zonas más periféricas, puede resultar altamente oneroso”, dice.

Pese lo anterior, ve con buenos ojos las compensaciones a los usuarios en el caso de corte de suministro, al tiempo que entregó recomendaciones sobre la composición propuesta de la comisión de expertos que dirime discrepancias. 

La opinión del Mercado. Tras el revés que sufrieron las sanitarias en la cámara de diputados, los analistas del mercado ya están sacando las cuentas de los futuros impactos que podría tener los posibles cambios normativos en los resultados de las empresas sanitarias, particularmente en Aguas Andina, que cotiza en bolsa.

En el caso del banco canadiense Scotiabank, proyecta que el Ebitda a Aguas Andinas hacia 2021 -año de revisión de tarifas- podría variar en un 47%. La entidad estima que en el escenario de que el Senado haga cambios tarifarios, pero mantenga la TCC en 7%, el Ebitda de la firma sería de S$363 mil millones; sin embargo, si permanece el proyecto que salió de la Cámara que elimina el piso, el indicador alcanzaría sólo los $192 mil millones.

Asimismo, proyecta una variación de 3% en la revisión de tarifas en el primer caso, mientras que si el proyecto se aprueba tal y como está, estas se reducirían en un 35%.

Así concluye que si el proyecto no tiene cambios tarifarios, su precio objetivo se ubicaría en los $380/acción, mientras que como está la iniciativa ahora implicaría un precio de $90 por título.

En tanto Santander hace un ejercicio similar y anticipa una reducción de 38,7% para el Ebitda de dicha empresa si se aprueba la moción actual, mientras que si solo se remueve el piso mínimo de la TCC este retrocedería un 22,9%. En el mejor de los casos, es decir si se redujera el piso a 6%, el efecto negativo en el Ebitda sería de un 8,8%, con una rebaja en la tarifa promedio de un 6,6%.

Desde Santander ven probable que el Senado modere su propuesta, aunque se declararon “cautos” frente a la acción de Aguas Andinas ya que la discusión respecto a la reforma al sector sanitario podría tener un impacto no solo en los retornos de la acción, sino también en los planes de inversión de la empresa y su costo de financiamiento.

En su análisis, en tanto, Scotiabank analiza, además, la composición de la comisión de expertos que dirime discrepancias, donde el proyecto propone mantener a los tres expertos, pero sólo uno nominado por el prestador y dos por el Superintendente -actualmente uno de los tres expertos es nombrado por la compañía, otro por el Superintendente y el tercero de común acuerdo-.

Al respecto advierte que “las compañías sanitarias deberían encontrar difícil alcanzar decisiones favorables. Adicionalmente, el proceso de fijación tarifaria podría mostrar un “comportamiento negociante”, perdiendo el “foco técnico” que en el sistema chileno ha sido históricamente apreciado”.P 

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