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Derechos de agua: privados confían en que arremetida parlamentaria no prosperará

logotipo de Pulso Pulso 04-08-2016 Gustavo Orellana

Rodrigo Weisner:  “Como sociedad deberíamos cautelar la certeza jurídica”

El ex director General de Aguas, Rodrigo Weisner, ha criticado fuertemente esta propuesta de reforma. A su juicio, es una pésima señal entre otras materias porque  varias decisiones podrían quedar en manos del poder político, generando preocupación sobre las reales posibilidades que abre este punto para la operatividad del sistema.

Además señala que la autoridad puede, para impedir el avance de la iniciativa -tal cual es, en apariencia, su interés- señalar los aspectos negativos que tiene la reforma y hacer ver los inconvenientes de que se apruebe tal como está.

¿Cuál es el principal riesgo que tiene esta propuesta?
La reforma propuesta que declara “de utilidad pública los derechos que sobre las aguas se hayan constituido” me parece una pésima señal, ya que, si el día de mañana se le expropia a un particular un derecho de aprovechamiento -que hoy se puede hacer sin reforma legal y constitucional- y ese mismo derecho expropiado se lo entregan a otra persona -por ejemplo un competidor mío en una actividad económica-, no podré cuestionar la utilidad pública del acto expropiatorio. Se podrá decir que eso nunca pasará, pero eso dependerá de la autoridad de turno y las regulaciones en materias económicas no pueden quedar sujetos al buen criterio de la autoridad. Como sociedad debiésemos estar de acuerdo que la certeza jurídica es un bien a cuidar.

¿Qué otro riesgo similar ve en la propuesta?
También es un tremendo error que se pretenda, a nivel constitucional, obligar al legislador para que el otorgamiento de estas “concesiones temporales” se “circunscriban a fines específicos”. Los problemas son muchos, pero quiero graficarlo con uno de ellos. Un ejemplo. Si tengo un proyecto que necesita agua (agrícola, minero, turístico, etc.) y para ello necesito un crédito de un banco, el banco necesitará tener la certeza que, si no pago el crédito, me podrá rematar la inversión hecha, con todos sus bienes de manera de lograr recuperar la mayor cantidad posible del dinero prestado. Si la “concesión” de aguas está amarrado a un fin específico, esa concesión en el remate saldrá a un valor muy cercano a cero, ya que los posibles interesados no podrán usar esa “concesión” en otro fin distinto.

¿Qué tan complejo sería eso?
Sería lo mismo que señalar que un inmueble que tiene un crédito hipotecario que no fue pagado, se haga un remate pero se les diga a los interesados en el remate que el inmueble sólo podrá ser utilizado para el mismo fin que lo usaba el propietario que no pagó el crédito. Todo esto lo único que hará será el de impedir, o al menos encarecer, el otorgamiento de créditos para todos los proyectos que necesiten agua, y lo que es peor, mediante un mecanismo que no se sabe qué problema se pretende resolver. 

¿Cómo se complementa con el proyecto apoyado por el Gobierno, actualmente en trámite?
Varias de las normas de la reforma al Código de Aguas de 1981 que afectan a derechos ya constituidos, por ejemplo, aplicarles caudales ecológicos a derechos constituidos o la facultad de suspender el ejercicio de derechos de aprovechamiento, probablemente no pasarán por una aprobación del Tribunal Constitucional. Sin embargo, si esta reforma constitucional es aprobada, es probable que la inconstitucionalidad de las normas retroactivas que afectan al derecho de propiedad contenidas en la reforma al Código de Aguas sea más relativa, aunque no se elimina, a mi juicio.

Claudio Seebach:  “Nos sorprendería que este proyecto se apruebe tal cual está”

Uno de los sectores que podría verse más afectado con este proyecto de reforma es la generación eléctrica. La industria permanentemente está solicitando caudales para ampliar sus unidades de generación o desarrollar otras nuevas en el largo plazo, lo que implica largos plazos de desarrollo.

A juicio del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, sería sorprendente que la iniciativa en discusión se apruebe “tal como está” y asegura confiar en la palabra del Ejecutivo, en el sentido de no respaldar este tipo de iniciativas de reforma.

¿Cómo están viendo el avance de esta iniciativa?
Nosotros estamos  permanentemente haciendo seguimiento a los proyectos de ley que tienen que ver con regulaciones vinculadas a nuestro sector. En ese contexto este proyecto refunde otras nueve iniciativas de distintos senadores en torno a la materia, por lo tanto nos parece que por el momento es fundamental seguir observando el desarrollo de la discusión.

¿Cuáles son los riesgos que se apruebe tal como está?
Nos sorprendería que el proyecto se apruebe tal cual está, ya que daría cuenta de una modificación sustantiva del régimen jurídico del agua sin contar con un diagnóstico compartido e información adecuada, tal como ha sido planteado por la mesa transversal de agua y medioambiente, para una decisión de esta dimensión e impacto. Creemos además que no resolverá los problemas de agua que son principalmente de información, gestión y fiscalización.

¿Qué postura esperan que tome el Ejecutivo?
El Ejecutivo ha sido claro en esta materia. En la audiencia ante la Comisión Especial de Recursos Hídricos en la que el Ejecutivo fue invitado a dar su parecer al respecto, señaló explícitamente que no patrocinará este proyecto de reforma constitucional, situación que esperamos no varíe durante su discusión.

¿Han sido invitados a discutir sobre este tema?
No, no hemos sido invitados a discutir este proyecto.

¿Es un reflejo que el ánimo reformista no ha cesado?
Es efectivo que este proyecto es el reflejo de la falta de información y diagnóstico compartido para identificar posibles reformas y su impacto, pero nos parece positivo que el  Ejecutivo en esta materia no ha manifestado intención alguna por impulsar una reforma en los términos propuestos.

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