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Ejecutivo evalúa implementar nueva institucionalidad de migraciones en gobernaciones

logotipo de Pulso Pulso 22-12-2016 Carlos Alonso

El 28 de noviembre el tema de los inmigrantes en Chile tomó connotación pública y tomó ribetes políticos, lo que obligó al Gobierno a acelerar la elaboración del proyecto de ley de migraciones que viene a reemplazar la legislación vigente desde 1975. Si bien en un principio el objetivo del Gobierno era presentar algunos lineamientos del texto el pasado 18 de diciembre -Día del Migrante-, las conversaciones internas han demorado el proceso para dar curso a la iniciativa, por lo que ahora el plazo quedó para enero de 2017. 

En este contexto, uno de los ejes centrales del anteproyecto de ley es la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Esta nueva institucionalidad tendría como objetivo ejecutar la política y desarrollar acciones relacionadas con la migración, junto con fijar las directrices de la política de migraciones a nivel nacional. Por ello, esta entidad es considerada pieza clave en la nueva legislación, sin embargo, el costo de $4 mil millones en un escenario de estrechez fiscal ha impedido que se avance. Por esto, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas, y una que ha ido cobrando fuerza es la idea de implementar el Servicio Nacional de Migraciones en las gobernaciones regionales y de esa manera asegurar que esté presente a nivel país, pero a un menor costo. De acuerdo a fuentes del Gobierno “está medida sería la opción más viable considerando los menores recursos con lo que cuenta el fisco”. Además, en el Ejecutivo afirman que está opción sería rápida de implementar considerando la presión política y ciudadana que existe para actualizar la ley. 

El tema se ha debatido entre los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de la Secretaria General de la Presidencia, de la Secretaria General del Gobierno y de Hacienda para analizar la viabilidad del proyecto. Junto a ello, se han realizado conversaciones con los distintos parlamentarios y jefes de bancada para ir socializando el proyecto. 

Incluso en Chile Vamos se formó una Comisión para analizar propuestas sobre la migración que tiene como foco implementar una ley más restrictiva y expulsar a los extranjeros que comentan delitos en el país. A la vez se busca que los inmigrantes tengan un patrimonio suficiente que les permite cubrir las necesidades fundamentales y ejercer una profesión u oficio lícito.

Otra de las alternativas que surgió en la discusión es que este servicio se implemente de manera parcelada y con ello abaratar costos. Esto porque al dividirse en tres, costaría unos $1.300 millones para cada zona, partiendo por la zona norte del país, para luego ir avanzando gradualmente al resto del país. 

Interior y Cancillería

Otro de los conflictos que existía al interior del Gobierno es las diferencias que existían entre Interior y Cancillería por el peso que cada uno de ellos tendría en la nueva institucionalidad. En ese sentido, conocedores de las tratativas sostienen que en Cancillería eran partidarios de mantener una preponderancia similar a la de Interior en el manejo y administración de visas, ya que son ellos quienes las entregan para los chilenos que emigran del país. No obstante, en Interior han criticado esa posición, ya que para hacer esas consideraciones se debe evaluar de qué tipo es el fenómeno migratorio, y en ese sentido, en el caso de Chile, está siendo inmigratorio, porque son muchas más las personas que llegan que las que deciden salir. Por esto, la administración debería quedar bajo la tutela del Ministerio del Interior. 

De acuerdo a la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, esta discrepancia quedó atrás y por ende el plazo para enviar el proyecto de ley es enero. Pero más allá de que se ingrese en el primer mes de 2017, la discusión no comenzará antes de marzo, puesto que en febrero hay receso legislativo. Así las cosas, es poco probable que durante la administración de Michelle Bachelet el país cuente con una nueva legislación.

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