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Equipos DC y PC logran reservado acuerdo base frente a la nueva Constitución

logotipo de Pulso Pulso 05-09-2016 Ú. Schüler/ J. Sánchez

“Nos hemos preguntado lo siguiente: ¿Pueden dos partidos, como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista -partidos con matrices ideológicas disímiles - contribuir objetiva y responsablemente al propósito de que el proceso constituyente prospere en beneficio de nuestro país? En nuestra opinión, no se trata de una posibilidad sino más bien de un deber”, asevera un reservado documento firmado por abogados DC y PC, y al que tuvo acceso PULSO.

El texto es de dos páginas, se titula “Hacia un nuevo pacto de convivencia” y cuenta con la firma de los abogados falangistas Javier Couso, María Pía Silva y Jorge Correa Sutil, además de los comunistas Carlos Arrue, Jaime Gajardo, Bárbara Sepúlveda y Patricio Palma.

El acuerdo base tiene origen en una serie de reuniones e intercambios de análisis de los documentos de ambos partidos frente a la nueva Constitución, comprometida por el Gobierno y la Nueva Mayoría. 

Así, en la introducción declaran que “los que suscriben, luego de estudiar nuestras respectivas propuestas constitucionales, hemos llegado a la convicción de que tenemos múltiples coincidencias en el contenido y la regulación de nuestra futura convivencia” en el marco de nueva Carta Magna.

Sin embargo, también reconocen que “las consideraciones precedentes son fruto de un intercambio inconcluso y de un estudio sobre nuestras propuestas y dan cuenta del valor de un proceso serio y con altura de miras”.

En la suerte de manifiesto, los firmantes plantean como un “deber” el que ambos partidos contribuyan “objetiva y responsablemente al propósito de que el proceso constituyente prospere en beneficio” del país. 

Así, entre sus aseveraciones está que la DC y el PC “pueden convenir en una visión común en torno al rol del Estado que incluye su función activa en la economía, dado que tenemos una visión crítica de la forma en que la Constitución de 1980 entiende su tarea subsidiaria”.

Además, manifiestan una “apreciación común sobre la centralidad de los derechos humanos y podemos coincidir en que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, serán parte sustancial de la futura construcción legal”, valorando la dignidad humana, las libertades y la consideración “sobre los avances alcanzados por la humanidad en materia de DDHH”. 

En el documento también coinciden en calificar como “centralista” e identificar un “presidencialismo excesivo” en el régimen institucional chileno.

Previamente, se afirma que “la estabilidad y gobernabilidad en un nuevo esquema constitucional es una responsabilidad y compromiso de todos” y que “para ello, se precisa de un Gobierno con una posición activa y a favor de concretizar este proceso”. 

El origen del consenso

A fines del año pasado habrían comenzado los contactos, después de que la DC publicó “La casa común” y el PC llegó a un documento de doce puntos que promover en la nueva carta magna.

Y pese a las constantes polémicas entre ambos partidos, las conversaciones de los abogados sobre la nueva Constitución habrían producido un consenso mínimo a fines de abril, culminando con la redacción del texto. Éste, además, llamó a los otros partidos de la Nueva Mayoría al diálogo y la promoción de una nueva Constitución.

La presidenta de la DC, Carolina Goic, confirmó sin mayores detalles que “han trabajado constitucionalistas de distintos partidos de la Nueva Mayoría en la lógica de ir viendo cuáles son los temas comunes frente al proceso constituyente”.

Sin embargo, tras esto, habrían sucedido reuniones con abogados de todos los partidos del bloque, redactando un documento con ejes de la Nueva Mayoría, el que no habría contado con el respaldo de todos.

 “El deber de nuestros partidos es lograr los acuerdos necesarios donde sea posible, reconociendo, como una señal a la ciudadanía de que es factible avanzar hacia la superación de la actual Constitución”, aseguró de todas formas el primer texto firmado por los PC y DC.

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