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Error en padrón: Gobierno pide a Contraloría buscar responsables y Fiscalía abre investigación

logotipo de Pulso Pulso 18-10-2016 J. Sánchez y Ú. Schüler

Una agitada y polémica jornada protagonizaron ayer Gobierno y parlamentarios, en el marco de la elección municipal del próximo domingo y el proyecto de ley corta para enfrentar los cambios de domicilios electorales sin consentimiento.

Esto, en medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, por las “responsabilidades políticas” implicadas, tras el “error informático” que asumió el Registro Civil y que generó la modificación del padrón por parte del Servicio Electoral (Servel).

Es que, según el Servel, el proceso afectó a más de 467 mil personas. En cambio, el Registro aseguró que el problema estaba concentrado en sólo 17 mil casos. Tras esto, la polémica entre ambas instituciones se encendió, siendo la primera un organismo autónomo del Estado y la segunda un servicio dependiente del Ministerio de Justicia.

Finalmente, el viernes pasado el Servel anunció que remitiría los antecedentes al Ministerio Público, judicializando la controversia. En tanto, el comité político de La Moneda recibió al Consejo Directivo del organismo y recibió su propuesta para hacer frente a la crisis.

Así, propusieron ampliar sus facultades a través de un proyecto de ley que le permitirá excepcionalmente al Servel duplicar en los próximos comicios a los afectados en el padrón electoral, quienes podrán votar en su anterior domicilio o en el actual. Además, se dispone que el servicio revise en un plazo de 20 días que los electores mencionados no sufraguen dos veces, lo que está penalizado.

Pese a lo anterior, la polémica entre los líderes de Chile Vamos y la Nueva Mayoría continuó. Es más, la oposición exigió que las autoridades políticas y administrativas a cargo asumieran el error con eventuales renuncias, lo que fue respaldado incluso por sectores oficialistas e independientes, quienes calificaron de “bochornoso” el proceso.

En este contexto, varios se lanzaron en contra del Registro Civil y el Servicio Electoral (Servel), pero también arremetieron en contra de los ministros de Justicia, del Interior y de la Segpres, Javiera Blanco (independiente cercana a la DC), Mario Fernández (DC) y Nicolás Eyzaguirre (PPD), respectivamente. Es más, la oposición anunció que solicitará una comisión investigadora de la Cámara “que cite a la ministra y esclarezca las responsabilidades”.

Con todo, el vocero de Gobierno anunció ayer que decidieron pedirle a la Contraloría General de la República que “sea esa institución autónoma la que lleve a cabo el sumario administrativo en el Registro Civil para efectos de determinar lo que ahí ocurrió, los eventuales errores y, a partir de ahí, las medidas que hay que adoptar”.

Díaz informó también que el viernes pasado la cartera dirigida por la ministra Blanco envío un oficio a la Contraloría “solicitándole que pueda llevar a cabo un informe de auditoría especial respecto de los procesos que en el Registro Civil pudiesen haber estado con alguna dificultad respecto de este procedimiento”.

Sumado a lo anterior, la Fiscalía Regional Metropolitana confirmó que inició una investigación penal ante el caso, tras la denuncia que presentó el diputado de RN, Nicolás Monckeberg el viernes pasado.

Adicionalmente, la Fiscalía remitió los antecedentes para su análisis al Consejo de Defensa del Estado, entidad que evalúa su participación como querellante ante las irregularidades.

Ley corta. Ayer por la mañana, los jefes parlamentarios del oficialismo y la oposición se reunieron en la sede de Santiago del Congreso para acordar la tramitación del proyecto de ley con el que La Moneda busca enmendar el error.

La iniciativa llegó a las 16:00 horas a la sala de la Cámara de Diputados con discusión inmediata. Esto, pese a que el diseño original del oficialismo era conseguir la unanimidad para que fuese votada de inmediato por la sesión de la sala, lo que fue rechazado desde la UDI, RN y sectores independientes por lo que fue la comisión de Gobierno la tramitó antes. 

En la instancia, los parlamentarios criticaron la salida legislativa del Gobierno, argumentando que violaría la “igualdad ante la ley”. Según argumentaron, la cantidad de los electores afectados aún no estaba clara y la cifra global entregada por el Servel podría incluir a quienes se cambiaron de domicilio electoral voluntariamente. Esto, dijeron, podría darles la opción de votar en las comunas con elecciones supuestamente estrechas. 

Finalmente, minutos antes de las 20 horas la comisión evacuó el informe favorable a la sala. 

en tanto, desde la oposición se criticó duramente que que la ministra Blanco y el Registro Civil no participaran de la comisión, además, cuestionaron que el proyecto significara mayor gasto para el Fisco.

En tanto, y tras la negativa de ayer de la oposición a su plan original, el Gobierno espera votar hoy el proyecto en la sala de la Cámara. Sin embargo, esto sucederá durante la tarde, ya que el reglamento exige 24 horas de plazo tras su despacho de la comisión, aunque la sesión citada para las 18:30 hrs.

Según los cálculos iniciales del Gobierno, la iniciativa llegaría al Senado hoy por la tarde y sería vista mañana, abriendo un nuevo debate entre el oficialismo y la oposición sobre los pasos y tiempos de la tramitación. Tras esto, el proyecto pasaría a tercer trámite en la Cámara, pudiendo ir a comisión mixta. 

Sumado a lo anterior, desde el Ejecutivo ya contemplan que el Tribunal Constitucional deberá revisar la normativa, pues modifica cuerpos de leyes orgánicas constitucionales.

Es que la iniciativa legal especifica que los electores afectados podrán sufragar “indistintamente en una sola comuna, ya sea en la de su anterior inscripción o en la nueva donde quedaron incorporados”. 

Éstos serán agregados “transitoriamente y en la circunscripción electoral que corresponda al anterior domicilio registrado ante el Servel, al padrón de alguna de las mesas receptoras de sufragios existentes, o crear mesas receptoras e sufragios especiales si lo anterior no fuere posible”.

Además, la iniciativa establece que el Servel deberá dictar las normas e instrucciones para la aplicación de la ley y que “dentro de los 20 días siguientes a las elecciones municipales de 2016 deberá proceder a revisar los padrones utilizados en todas las mesas receptoras de sufragios, con el objeto de detectar” duplicidad de votos.

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