Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Experto constitucional advierte m�s judicializaci�n laboral tras �ltimo fallo del TC

logotipo de Pulso Pulso 03-08-2016 Juan Pablo Palacios

La semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) asestó un nuevo golpe a la Reforma Laboral, al declarar inconstitucional la expresión “sindicato” u “organizaciones sindicales” en ciertas normas del texto legal aprobado por el Congreso. 

La decisión adoptada en el marco del control obligatorio de constitucionalidad, va en línea con el primer fallo del TC que afectó a la titularidad sindical.

En ese plano, los artículos afectados por el nuevo dictamen serían el 363 sobre reanudación de faenas, el 397 sobre recusación de árbitros y el 402 que regula reclamación en determinación de empresas sin derecho a huelga, normas a las que se le suprimió la palabra sindicato.

Javier Couso, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Diego Portales (UDP) -que formó parte del equipo legal que defendió al Gobierno en el primer requerimiento de la oposición en el TC-, advirtió que el nuevo pronunciamiento por inconstitucionalidad profundiza los espacios de judicialización del proyecto.

 “En el control automático los jueces trataron de ajustar el articulado de la Reforma Laboral a lo que la mayoría consideraba que era el fallo original. Queda pendiente que las leyes laborales que entrarán en vigencia van a seguir conteniendo el concepto sindicato y eso va a abrir mucho espacio para una enorme judicialización a nivel de tribunales laborales. El impacto neto del primer fallo y de éste no es demasiado diferente respecto de lo que ya había quedado con el primer dictamen. Simplemente el segundo fallo es una extensión del primero. Es decir, la mayoría de los ministros que plasmó su pensamiento en el primer fallo, lo mantuvo en el segundo”, dijo el experto.

Respecto del espacio de litigiosidad, Couso alerta que “como hay muchas normas dispersas en el Código del Trabajo que sí contienen la palabra sindicato, creo que esto va a dar mucho espacio a la judicialización de distinto tipo” de parte de grupos negociadores y empleadores.

“Lo más probable es que esto sea zanjado por la jurisprudencia de los tribunales laborales. También puede que haya inaplicabilidad de algún particular. Eso no sólo podría suceder en las normas orgánico constitucionales, sino que también en las reglas que no fueron sometidas al control obligatorio donde sí se mantuvo la palabra sindicato. No descartaría que algún grupo negociador o empleador planteara un problema de inaplicabilidad”, explica el jurista.

Como problema de fondo, Couso señala que los vacíos legales que quedaron en el texto legal, además de la judicialización entre los actores, podrían generar una colisión de criterios entre la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional.

“Podría suceder que ciertos jueces laborales respalden las normas que le dan cierto rol especial a los sindicatos y que todavía no han podido ser controladas por el TC. Esas mismas normas podrían ser luego impugnadas por inaplicabilidad en el TC por grupos negociadores o por empleadores. Pero esa inaplicabilidad tiene efectos sólo sobre el caso que se resuelve. Ante eso, es probable que haya mucha judicialización, porque los tribunales inferiores, las cortes de apelaciones y la Suprema muchas veces no se sienten vinculados a lo decidido por el Tribunal Constitucional”.

Couso recuerda que en el Caso Isapres, donde el TC declaró inconstitucional la tabla de factores de riesgo, “ha convivido el fallo del TC con los dictámenes de los tribunales ordinarios. En ese caso, muchas veces ha prevalecido lo que decide la judicatura ordinaria”.

LEY CORTA. El abogado constitucionalista, que ha sido consultado sobre estas materias por el Ejecutivo, reconoce que se generará una situación compleja, donde “lo que va a ocurrir es que va a haber un período de marcha blanca para ver como aplican la ley los tribunales ordinarios y si esto produce algún embotellamiento, se va a presentar una ley adecuatoria”.

No obstante, advierte que cualquier proyecto adecuatorio que regule las mismas normas de carácter orgánico constitucional que fueron impugnadas por el TC, “irán a un nuevo control obligatorio del TC y lo más probable es que vuelvan a ser impugnadas”.

Sobre la inadmisibilidad que decretó el Tribunal contra el nuevo recurso contra la reforma que presentó la oposición, Couso descarta que dicho fallo genere un precedente para causas futuras.

Más de Pulso

image beaconimage beaconimage beacon