Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Fortalecer regulación y penas más altas, las claves del gobierno tras AC Inversions

logotipo de La Tercera La Tercera 21-03-2016
© La Tercera

El gobierno no quiere legislar en caliente. Así lo afirman fuentes que han conocido las reuniones, entre el Ejecutivo y reguladores, en las que se han esbozado líneas para enfrentar, en el futuro, situaciones similares a la eventual estafa piramidal que habrían concebido los dueños de AC Inversions: Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz.

Pero ya hay algunas ideas. Los planteamientos han surgido tras la creación de un “comité sectorial para buscar puntos ciegos” en la normativa, según dijo la semana pasada el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Entre los que se han analizado hasta ahora, dicen las fuentes, hay tres de relevancia. La primera es una mejora de la regulación y en ello hay coincidencia entre quienes han participado de las citas. El comité lo integran las superintendencias de Bancos (Sbif) y de Valores y Seguros (SVS). También el Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras. Cada institución tiene la misión de revisar sus leyes y regulaciones sectoriales para detectar los vacíos.

Derivado de lo anterior, la segunda idea es mejorar las normas relativas a operaciones en divisas, pues hay consenso en que ese marco es “débil”, apuntan las fuentes. El otro blanco son los contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), instrumentos que consisten en transar la resta de un activo entre que se inicia y culmina el contrato.

En Chile son ofrecidos por empresas del mercado forex sin que tengan encima a un ente supervisor. Se mira, en este sentido, a Estados Unidos e Inglaterra. En EE.UU. los CFD están vedados para inversores minoristas. En Reino Unido, en tanto, el fiscalizador de estos productos es el símil de la Superintendencia de Casinos en Chile, precisamente, señalaron fuentes, porque es visto como una apuesta. Y de alto riesgo. “Hay transacciones de monedas y CFD que no están regulados”, expone al respecto el ex titular de la SVS, Fernando Coloma. “A futuro, si uno se da cuenta que son actividades que toman un volumen importante de recursos y en que el número de partícipes empieza a ser relevante (…), hay una reflexión que uno puede hacer para inducir y ponerse de acuerdo con otros reguladores y crear las instancias para generar algún tipo de normativa”, complementa.

El tercer planteamiento explorado hasta ahora tiene que ver con aumentar las penas por fraudes y estafas en general. A priori, se ha estimado en las reuniones que los involucrados en estos delitos no pagan con cárcel efectiva. El abogado Mario Schilling explica que, según el monto defraudado, el Código Penal establece hoy multas que van desde las cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos $ 226.000, hasta 30 UTM, equivalente a cerca de $ 1.359.000. Asimismo, contempla penas de cárcel desde los 61 días hasta los cinco años, las que suben o bajan de acuerdo a agravantes o atenuantes.

Con el presidio inferior a cinco años es posible acceder a juicios abreviados y, si el imputado tiene irreprochable conducta anterior, podría optar a beneficios. Uno de ellos es que la condena sea en libertad. “Pienso que no es necesario elevar las penas. Simplemente, habría que revisar la Ley 18.216, que es la que da beneficios. Se podría decir que para el delito de estafa no haya beneficios. Entonces, si hay una condena de 61 días o de tres años, que sea con privación de libertad”, agregó Schilling.

Los reguladores ¿Cómo operan hoy los reguladores? El ex titular de la Sbif, Raphael Bergoeing, explica que esa entidad puede recibir denuncias en la oficina de atención al cliente, que cuenta con abogados, y que “cumple un rol de puente entre la gente y las entidades fiscalizadas”. Complementa que si la Sbif está convencida de que hay un delito tiene que, por ley, denunciar en el Ministerio Público.

En ese sentido, una vez que estalló el caso AC Inversions la Sbif estampó una denuncia, el 3 de marzo, por eventual infracción a la Ley General de Bancos. Cinco días después hizo lo propio con IM Forex e Investing Capital. Una dinámica similar tiene la SVS, indica Coloma: “Si uno tiene algún antecedente, una cosa fundada, debiera denunciarlo al Ministerio Público”.

Más de La Tercera

image beaconimage beaconimage beacon