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Gestión 2016 y desafíos 2017

logotipo de Pulso Pulso 28-12-2016

Este 2016 la Ley 20.720 cumplió dos años de vigencia, y las cifras dan cuenta de que el balance de la nueva normativa ha sido muy positivo. Lo anterior en especial consideración si tomamos como parámetro el crecimiento del uso de los nuevos procedimientos concursales durante este año que acaba.

En cuanto a los procedimientos de personas deudoras, las estadísticas señalan que la ciudadanía ha hecho eco de las nuevas herramientas que dispone la ley para que esta pueda enfrentar su situación de sobreendeudamiento, registrándose un total de 1.913 procedimientos de personas deudoras (entre renegociaciones y liquidaciones), lo que implica un aumento promedio de 84% del uso de estas herramientas respecto del año anterior.

Lo señalado no deja de ser relevante, más aún si contrastamos el panorama con la antigua realidad del Libro IV del Código de Comercio, donde las personas naturales no transparentaban su situación y preferían simplemente “bajar la cortina” antes de resolver formalmente su situación patrimonial. En tal sentido, las estadísticas señalaban que de las 142 quiebras totales que se promediaban anualmente, sólo un par correspondía a personas naturales, situación que no se condecía con la realidad.

Respecto de los procedimientos de empresas deudoras, los números señalan que este 2016 la tendencia siguió estando al alza, aumentando un 112% respecto de 2015, y contabilizando un total de 673 procedimientos entre reorganizaciones y liquidaciones.

En lo que respecta a la gestión que se viene en 2017, debo destacar que, como primera prioridad, fortaleceremos la función fiscalizadora de este servicio. En esta materia, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se ha caracterizado por realizar una función de excelencia en el resguardo de la fe pública involucrada en los procedimientos concursales y, por tanto, nuestra intención no es sólo mantener los estándares de calidad en esta materia, sino que subirlos aún más, gestionando nuestros procesos y recursos para dotar de mayor efectividad y eficiencia a dicha función.

Asimismo, continuaremos difundiendo la normativa, a objeto de que más ciudadanos conozcan y puedan hacer uso de los beneficios y herramientas que contiene la ley, y fortaleciendo los protocolos de atención. Finalmente, cabe destacar que potenciaremos nuestra presencia en las distintas regiones mediante el fortalecimiento del rol de los funcionarios regionales de este servicio que nos representan a lo largo del país, tanto en los procesos de difusión como en los de atención y de fiscalización.

*El autor es superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento.

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