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Gobierno advierte cambios por impuestos verdes y afectados piden perfeccionamiento

logotipo de Pulso Pulso 09-12-2016 Constanza Valenzuela

La resurrección de viejas discrepancias generó la  definición por parte del gobierno de las empresas que se verán afectas al llamado “impuesto verde”, gravamen sobre las emisiones producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos (MWt) y que comenzará a registrarse en 2017 para ser pagado, por primera vez, en abril de 2018.

El Ministerio de Media Ambiente publicó el listado de establecimientos que deberían ser sujetas del impuesto, las que suman 85 -y que fueron publicadas el miércoles por PULSO-, de las cuales casi el 50% corresponden a generadoras eléctricas.

En este sentido, desde la cartera a cargo aseguran que “la señal que ha dado el impuesto ha logrado las transformaciones tecnológicas que hemos querido. Hay varias empresas, como el sector pesquero y azucarero, que ha hecho buenas inversiones para reducir significativamente una porción del impuesto relativa a la contaminación atmosférica”, indicó el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

“Esto demuestra que uno puede dar una señal con un instrumento de mercado, inédito, qué si puede lograr transformaciones ambientales. Es decir, no es un impuesto -como se indicó en un momento- que era recaudatorio”, sentenció.

Desde el gremio de las generadoras, que reúne a las firmas más afectadas por la nueva carga, no coinciden del todo con esta última afirmación. A su juicio, si es que efectivamente se busca combatir el cambio climático, la medida impositiva puede ser contraproducente ya que la electricidad hoy ayuda a combatir las emisiones, como es el caso de los autos eléctricos.

“El actual (impuesto) no contribuye en la línea (de mitigar los efectos del cambio climático), sino que tiene que mejorarse. Tiene que en primer lugar mirar el sector de energía de forma más amplia, porque el transporte representa mucho más emisiones que el sector eléctrico, y el impuesto solo agrava la generación eléctrica; por lo que ahora incluso puede ser contraproducente porque puede agravar el costo de la energía eléctrica que tiene otros beneficios”, señala Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo de Generadoras de Chile.

En la misma línea, desde Colbún indicaron que la legislación debería perfeccionarse. “Creemos que es importante crear incentivos que den espacio a soluciones alternativas que apunten a bajar emisiones. A modo de ejemplo, algunas centrales térmicas han implementado planes para reducir emisiones de material particulado de terceras fuentes, lo que permite no sólo compensar sus propias emisiones, sino bajarlas en términos absolutos netos. Sin embargo, este tipo de esfuerzos hoy no es reconocido  en la ley”, dicen.

Dentro de las empresas más afectadas están AES Gener, Endesa -hoy Enel Generación Chile-, E.CL -hoy Engie Energía Chile- y Colbún.

En este sentido, si bien desde Endesa calificaron la medida como un “incentivo para los operadores con la finalidad de elevar la eficiencia de sus plantas”, también advirtieron que están “evaluando” metodología y el potencial impacto económico sobre su parque de generación térmico.

Consultados, ni AES Gener, ni E.CL quisieron referirse al tema.

En las otras industrias afectadas, están más cautas. En CCU, por ejemplo, indicaron que están “a la espera de las eventuales exigencias por parte de la autoridad, tras lo cual evaluaremos la adopción de medidas en caso de ser necesario”, mientras que desde la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) dijeron que “el impuesto verde a la ERNC (biomasa) sería contraproducente y, de hecho, la ley así lo estipulaba”, indicó su presidente, Fernando Raga.

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