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Gobierno alista cambios a bonos de empleados públicos tras crítico informe

logotipo de La Tercera La Tercera 07-11-2016
© Agencia Uno

Pese a los sucesivos paros y conocidos problemas de atención durante los últimos años, el Registro Civil cumplió el 2015 un 95,8% de sus metas de gestión. El gobierno le otorgó una puntuación alta por alcanzar los objetivos fijados por el mismo organismo como “reclamos recibidos del público, respondidos dentro del plazo de 4 días hábiles” o “cédulas de identidad tramitadas dentro del plazo de 5 días hábiles”. El Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene índices similares de excelencia en gestión: el 2015 la cifra de cumplimiento de metas de ese organismo alcanzó un 92%.

Para obtener el puntaje, ellos evaluaron ítems como “diagnósticos realizados por los Proyectos de Diagnóstico Ambulatorio en un tiempo menor a 38 días corridos”. Gendarmería, que ha estado bajo investigación por pago de pensiones millonarias y malos tratos a los reos, obtiene en el informe de gestión publicado cada año por la Dirección de Presupuestos un 100% de logro de metas.

Debido a esos buenos índices, los funcionarios de todos esos organismos reciben bonificaciones, que pueden alcanzar hasta el 30% de sus remuneraciones. Esta situación quedó registrada en un crítico informe elaborado en julio de 2016 por el Centro de Sistemas Públicos del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

En el documento se detalla que el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), instrumento que fija una serie de metas de modernización y eficiencia a los servicios gubernamentales desde 1998, es una política pública que no está cumpliendo el objetivo de mejorar la calidad del aparato estatal y, por el contrario, “da incentivos monetarios asociados a indicadores y metas, lo que ha ido constituyendo un obstáculo que dificulta severamente la mejoría en la gestión del Estado”.

El problema es que, pese a sus falencias y trabas burocráticas, todos los servicios públicos evaluados anualmente por un comité interministerial, (195 reparticiones), obtienen siempre los máximos puntajes en sus metas de gestión. Los PMG van asociados a un estímulo económico directo para todos los funcionarios, de planta y a contrata, que trabajen en la repartición que alcanzó sus metas de gestión con un grado de cumplimiento superior al 90%. El porcentaje de las reparticiones públicas evaluadas como “exitosas” en su gestión ha crecido año a año. Hasta 2013, un 86% de los servicios conseguía cumplir un 90% de sus metas o más. Pero en 2014, con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, los organismos que logran cumplir estas metas se disparan a 99,5%. Cifra que se mantiene el 2015, cuando un 98% de los servicios públicos recibe la puntuación máxima y que se tradujo en el pago de $ 82 mil millones a los funcionarios del Estado (ver infografía).

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“No tiene ninguna lógica. En estos 18 años que lleva el sistema de incentivos, ¿qué servicio público ha mostrado una mejoría real en su gestión? ¿Aduanas? ¿El SAG? ¿El SII, tal vez? Pero todos se califican como si fueran excelentes”, señala Luis Zaviezo, consultor del Centro de Sistema Públicos, quien elaboró el informe “Estudio de Diseño e Implementación de los Incentivos Institucionales del Sector Público”, junto a académicos como Pablo González, Mario Waissbluth y Carlos Castro, entre otros.

Zaviezo explica que, a mediados de los ‘90, diseñaron desde la Dipres junto al economista y futuro presidente del Banco Central, Mario Marcel, el sistema de PMG para incorporar conceptos de medición de gestión dentro del sistema público. Sin embargo, para que se aprobara la ley, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) pidió vincularla a un mecanismo de incentivos económicos. Con el paso de los años, los bonos por este concepto fueron incrementándose y los funcionarios ya lo entienden como un derecho adquirido. “Los mecanismos de incentivo han terminado siendo incorporados a lo que los funcionarios consideran parte de su renta basal”, señala el informe de la U. de Chile.

Si en 1998 las asignaciones por cumplimiento de metas eran de un 3% del sueldo, en la actualidad por asignación de modernización los funcionarios reciben un 15% de su sueldo como base, más un 7,6% si el servicio cumple las metas del PMG. (La mitad del monto si sólo cumplen el 75% de las metas, pero esto prácticamente nunca ocurre). Además, algunos servicios reciben un 8% extra por el desempeño colectivo de los equipos de trabajo. Así, un funcionario puede llegar a recibir hasta el 30,6% de su remuneración en pagos trimestrales. Según explica Zaviezo, si consigue todos los bonos, un funcionario puede prácticamente ganar un sueldo más al año. Desde la Dipres, señalan que el pago promedio que reciben los funcionarios por concepto de bono de gestión equivale a $ 387.280. Estas cifras salen a la luz en medio de la fuerte discusión entre el gobierno y la ANEF por el reajuste al sector público.

Dipres evalúa propuestas

Fue la misma Dipres, que encabeza Sergio Granados, la que el año pasado encargó el estudio a la Universidad de Chile para evaluar los necesarios cambios que requiere el sistema de los PMG. Las duras conclusiones del informe hoy están en las oficinas de Hacienda y también en manos de la ANEF. “Por parte del Gobierno, el estudio está siendo analizado en detalle respecto de sus conclusiones y propuestas, para luego pasar a una etapa de eventuales medidas que pudieran tomarse para que el sistema de PMG pase a una nueva etapa, en la cual éste pueda renovar y potenciar su capacidad de incentivo para mejorar la gestión de los funcionarios”, señalan en Dipres.

El informe propone elaborar metas de gestión de los servicios “que sean efectivamente relevantes”, ya que hoy día muchos organismos fijan metas que no son estratégicas para la calidad del servicio. Tal es el caso de la Presidencia de la República, cuyos funcionarios son bonificados por cumplir un 100% de sus metas de gestión, que incluyen tareas como “inventarios físicos” o “porcentaje de días disponibles de vehículos de la Presidencia de la República en el año”. Así, proponen “decretar un instructivo presidencial que tenga por objetivo orientar y revisar el conjunto de los indicadores y metas de cada servicio”. Como una iniciativa de mediano plazo, piden modificar la Ley 19.553 para “transformar de variable a fijo el incentivo institucional.

El costo monetario para el Fisco de esta decisión sería mínimo considerando que actualmente se asigna el 100% del incentivo”. Para el diputado UDI Juan Antonio Coloma, “es urgente modificar el sistema de entrega de los Programas de Mejoramiento de Gestión. Hoy se han conformado en un verdadero bono incluido a las remuneraciones. El 99% de los funcionarios tiene la excelencia, cuando muchas veces y en varios servicios, est o no es así”. Según el legislador, “tienen que haber organismos externos que fijen las metas que se deben cumplir, porque lo que ocurre en la práctica es que cada servicio o ministerio envía una propuesta de mejoramiento de la gestión. Entonces, es la misma gente la que se va poniendo las metas”.

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