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Gobierno apoya ampliar becas a privadas y busca crédito del Banco Mundial para estatales

logotipo de Pulso Pulso 29-11-2016 Úrsula Schüler

Una intensa jornada tuvo ayer el oficialismo por el proyecto de Ley de Presupuestos 2017, en particular la partida de Educación, la que contiene la glosa de gratuidad y becas del próximo año.

Es que la oposición insistió en su advertencia de requerir ante el Tribunal Constitucional (TC) su impugnación, acusando una “discriminación arbitraria” en contra de los alumnos según la naturaleza jurídica de las instituciones en la que estudien.

Así, el Gobierno impulsó en el comité político, el tercer trámite en el Congreso y la comisión mixta del proyecto de Presupuestos indicaciones consensuadas con Chile Vamos para cambiar los criterios de las becas de educación superior. 

En cambio, sectores del oficialismo se opusieron a la ofensiva, pidieron “garantías” para que los fondos no fuesen a instituciones investigadas por lucro y, además, presionaron por un mayor financiamiento para las universidades del Estado.

El asunto se resolvería en una comisión mixta, la que se constituyó al cierre de esta edición, tras el rechazo de la Cámara a los cambios que hizo el Senado la semana pasada.

Previo a la tramitación del Congreso, la propuesta inicial de la gratuidad estaba dirigida a jóvenes de quintiles socioeconómicos bajos y medios con el requisito de que las instituciones sean sin fines de lucro y estén acreditadas por cuatro años.

Sin embargo, la oposición reclamó que algunas universidades del Estado que reciben los aportes de gratuidad no alcanzan la acreditación exigida.

Además, apuntó en contra de la diferenciación por institución para entregar las becas. Así, exigieron que la Beca Bicentenario, dirigida a los alumnos del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), y cuyo monto es mayor a la dirigida a estudiantes de privadas, se amplíe hacia estos últimos.

En este contexto, el Gobierno presentó ayer los escenarios que enfrentará la promesa presidencial de la gratuidad extendida a los estudiantes de los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

La exposición en el comité político estuvo a cargo de los ministros de Hacienda y de la Segpres, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre. Y pese a que la mayoría de los partidos reclamó por que los recursos fiscales fuesen entregados a instituciones que han sido investigadas por lucro, algunos se inclinaron por la fórmula exigida por la oposición con el fin de evitar la caída de la gratuidad.

Además, desde el Ejecutivo difundieron en el oficialismo una minuta en la que explicaban los escenarios de la gratuidad y las becas, la posibilidad de que el TC impugne la gratuidad, así como los términos del acuerdo con la oposición para su caída.

En este contexto, la diputada PC, Camila Vallejo cuestionó la fórmula. “Queremos ampliar la gratuidad a CFT e IP sin lucro y resguardar el incremento de los fondos a estatales. Lo que sí nos preocupa es el chantaje de la derecha de llevar todo al TC si es que no se amplían las becas”, aseguró y argumentó que “el problema no es que la beca Bicentenario se entregue a estudiantes de privadas, sino que vayan a ser administradas por instituciones que sabemos han hecho negocios con la educación, como el grupo Laureate”.

Tras la sesión de la comisión mixta de ayer, los cambios al proyecto de Presupuestos serían abordados hoy en la Cámara y el Senado. Y como los ajustes negociado no se podrán votar por separado, el oficialismo se vería obligado a aprobar la partida de Educación o rechazarla.

Entre los mayores cambios está la ampliación de la beca dirigida al Cruch hacia las privadas, el fortalecimiento de las estatales a través del Presupuesto y un futuro crédito del Banco Mundial.

Pero no sólo la partida de Educación Superior se fue a mixta, también Contraloría, de la Comisión nacional de Ciencia y Tecnología, Conicyt, Educación de Adultos y Reinserción Escolar, entre otras.

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