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Gobierno descansa en funcionarios públicos para llegar a los 500 mil censistas

logotipo de Pulso Pulso 28-12-2016 Carlos Alonso

Restan 111 días para el 19 de abril de 2017, fecha en que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) fijó para realizar el Censo Abreviado. Para ese entonces, el Gobierno debe congregar a unos 500 mil censistas voluntarios y 45 mil supervisores para levantar correctamente la información.

Y si bien poco a poco se ha ido avanzando en la convocatoria, pasando de los 12 mil voluntarios inscritos a fines de junio a 20.266 en octubre y  27 mil en noviembre, ayer el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a la directora del INE, Ximena Clark, informaron a la Comisión Nacional Censal que la cantidad de censistas llegó a las 200 mil personas.  Sin embargo, al descomponer esa cifra, sólo 80 mil corresponder a voluntarios propiamente tal, ya que 120 mil son funcionarios públicos y municipales. Esto implica que, en cerca de un mes, se incribieron 53 mil voluntarios de la sociedad civil. 

En el Gobierno, si bien están trabajando en motivar a la sociedad civil a participar en el proceso, a través de campañas publicitarias y charlas en colegios y universidades, descansan en la obligatoriedad que la ley les da para que los funcionarios públicos participen en este proceso estadístico, por lo que se da por descontado reunir a los  500 mil censistas. 

Esto se debe a que la autoridad  hará valer la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), N° 17.374, que dispone la participación activa y “obligatoria” de los trabajadores estatales en el Censo. En esta normativa se explica que para los efectos de la realización de encuestas, estadísticas y censos oficiales, nacionales o regionales se podrá requerir por intermedio de la autoridad correspondiente, la participación activa de cualquier funcionario de servicios u organismos fiscales, semifiscales, Empresas del Estado, Municipalidades, Fuerzas Armadas y Carabineros. 

En este punto, el secretario de Estado sostuvo que “hemos señalado claramente que para los funcionarios públicos es una responsabilidad legal, estamos trabajando con ello, porque es una tarea de servicio público”. 

Mientras que Clark enfatizó que “hay una normativa que indica que la participación de los funcionarios públicos es obligatoria, y  se enmarca dentro de lo que técnicamente se llama carga pública. Es una tarea con fines de interés nacional y en ese sentido, no hay compensación monetaria para los empleados públicos”. 

De todas formas, para incentivar la motivación de la sociedad civil la directora del INE anticipó que en enero habrá nuevas campañas publicitarias en radio, para luego en marzo iniciar nuevamente en televisión y radio. 

Pago a  censistas

El Gobierno confirmó también que a  los censista voluntarios se les pagará un bono de $15 mil y otro de $25 mil a los supervisores.  Esto no considera a los funcionarios públicos. De acuerdo al Presupuestos 2017, los recursos destinados al Censo ascienden para  2017  a $26 mil millones, de los cuáles $9 millones se destinarán a financiar el pago del dicho bono. A ello se suma la entrega de colación y movilización.  Así las cosas, el Estado desembolsará  $50 mil millones para todo el proceso censal. 

El ministro también entregó algunos resultados del precenso, el cual define la carga de trabajo para cada censista. En ese sentido, Céspedes afirmó que hubo un aumento en la cantidad de viviendas, las que llegan a 6,4 millones, un 10% más que lo que se había estimado previamente en 2011.  Con esto se determinó que la carga de trabajo por censista para el próximo 19 de abril es de entre 15 a 20 viviendas en zonas urbanas y de 8 viviendas  por censistas en zonas rurales.

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